La sangría de desahucios continúa

Se ve que con tanta abdicación, tanta coronación y tanto mundial, los datos que se publicaron hace una semana respecto a los desahucios producidos en el primer trimestre de este año 2014, por parte del Consejo General del Poder Judicial, me da la sensación que han quedado un poco desapercibido y eso que vienen a demostrar un panorama bastante desolador.

Estos datos ponen de manifiesto no sólo que los desahucios no han disminuido en Andalucía, sino que por el contrario han alcanzado la mayor cifra desde el 2008 al comparar el mismo período, el primer trimestre de cada uno de estos años desde el 2008 al 2014. Aunque hay que indicar que han sido sólo las comunidades de Andalucía, Extremadura y Murcia las que han experimentado en este primer trimestre de 2014, el mayor número de desahucios positivos, desde 2008.

Como se puede apreciar por el gráfico, en este primer trimestre con respecto al primer trimestre de 2013, el número de lanzamientos positivos ha experimentado un incremento del 14,05%. Donde hay que recordar que el concepto “lanzamientos positivos”, se refiere aquellos desahucios en los que el servicio común ha podido practicar el lanzamiento acordado por el juzgado, según explica el propio Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual no estamos hablando de posibles desahucios, en donde no conocemos el resultado, sino desahucios que se han llevado a la práctica.

Si profundizamos un poco más en los datos y los vemos estos por cada una de las provincias andaluzas, sigue siendo Málaga la que encabeza espectacularmente el ranking, representando más del 35,24% del total de los desahucios positivos realizados durante este primer trimestre del año. Llegándose alcanzar la cifra de 10.022 desahucios positivos desde el 2008 hasta final de marzo de 2014. Donde los 701 desahucios realizados en el primer trimestre, es una cifra que no se había alcanzado en estos últimos seis años, lo que nos debe llevar a preguntarnos que puede estar pasando.

Ante esta situación cada vez se hace más urgente el que las administraciones públicas, a todos los niveles, de manera acuciante pongan en marcha mecanismos suficiente no sólo para atender aquellas familias que junto a su entorno, tienen que afrontar el dejar su vivienda. Sino además desarrollar proyectos e intervenciones de cara a prevenir lo que aún puede quedar por llegar.

Se debe de superar la ayuda económica de emergencia en aquellos ayuntamientos que aún puedan disponer de recursos económicos, y cuando la familia reúna los criterios que establecen los diferentes reglamentos que desarrollan estas ayudas. Porque aunque sea reiterativo el recordarlo ahora, cuando se alude tanto a la constitución, y la defensa a ultranza que realizan algunas personas en cumplirla, no se corresponde el mismo interés y su defensa de otros muchos de sus artículos y en especial en el derecho a la vivienda expresado en el artículo 47, que copio literalmente y ánimo a que todos/as lo leamos con detenimiento y calma: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Cuando se suele aludir a este artículo lo recordamos para reclamar el derecho a una vivienda digna y adecuada como indica, pero no es menos importante lo que se dice cuando habla de que la utilización del suelo se deberá de hacer de acuerdo con el “interés general” para “impedir la especulación”. O cuando se indica que las plusvalías de la acción urbanística debe ir dirigida a la comunidad. Porque que poco o nada de todo esto se realizó durante el llamado boom inmobiliario, la utilización del suelo fue para el interés de unos pocos, y los miles de millones de plusvalía, beneficio, fueron a parar a unos pocos bolsillos.

La realidad es que en el primer trimestre del año 2007 eran 413.300 los hogares que tenían a todos sus miembros activos en el paro, y en el primer trimestre de este año 2014 esta cifra asciende ya al 1.978.900 hogares, un incremento del 478,80%, una situación que parece no tener fin y que echa por tierra el discurso de que la crisis ya ha pasado. Posiblemente esté pasando en lo macroeconómico, en las grandes cifras estadísticas, en los resultados de grandes corporaciones empresariales, pero a costa de posiblemente esa microeconomía que cada vez se encuentra más arruinada, y que es la que lleva a estas familias a no poder atender la dichosa hipoteca o a no poder dar de comer a sus hijos. Los desahucios continúan y se incrementan, la pobreza asciende y el hambre se instaura en nuestros menores, no hablamos de un país del tercer mundo, estamos hablando de España.

(Publicado en Revista El Observador)

Igualdad y justicia social, versus Mundial….

Resulta cuanto menos que escandalosa la noticia aparecida según la cual, los jugadores de la selección española “la roja”, cobrarán una prima si ganan el mundial que llegará a los 720.000 euros, donde el total ascendería a 30 millones de euros.

Mientras esta noticia saltaba a la palestra, esta semana pasada la Defensora del Pueblo solicitaba a las comunidades autónomas que durante el período de verano, no cerraran los comedores escolares ante los cerca de tres millones de menores (según Save the Children), que se encuentran viviendo en riesgo de pobreza y exclusión social. Para que de ésta manera por lo menos puedan acceder muchos de ellos a una mínima alimentación.

Aunque leyendo ésta noticia resulta incomprensible que el 13 de diciembre de 2013, el gobierno anunciara la aprobación del llamado “Plan de Inclusión Social”, donde se iban a invertir y copio literal lo que indicaba la nota de prensa: (http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3137) “93 millones de euros al día” sería bueno preguntar si ya que han pasado 159 días desde el 1 de enero de 2014 ¿en qué se han invertido los 14.787.000.000 millones de euros que corresponden?.  Ya que ese mismo plan establecía una partida extraordinaria de 17.000.000 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil, pero al parecer y como digo tras haber pasado más de cinco meses, esos 17 millones aún no se han distribuido entre las comunidades autónomas.

Pero si retrocedemos otra semana, se publicaban los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida, correspondiente al año 2013. En ella se volvía a constatar que cada año que pasa somos más pobres y las desigualdades no hacen sino que incrementarse. Si en 2008 el ingreso medio por hogar se situaba en 30.045 euros, en 2012 baja a 26.775 euros, un 11% menos. Hagamos un ejercicio de comparación pedagógica, lo que un jugador de “la roja” cobrará en prima, se corresponde a los ingresos de 27 hogares durante todo un año.

No creo que nadie después de conocer estos datos y que tenga una mínima sensibilidad, puede aceptar que se produzcan estos hechos, y si los aceptamos y los justificamos algo grave nos pasa como sociedad. Ya que nos estamos refiriendo a conceptos como igualdad y justicia social, elementos básicos para construir una sociedad en donde pongamos al ser humano en su epicentro. Cuando festejemos los goles, cuando salgamos a la calle con camisetas alusivas, cuando quedemos con nuestros amigos/as para ver un partido, cuando se pongan banderas en balcones y ventanas, sería bueno hacer previamente un ejercicio de reflexión para saber que estamos defendiendo.

(Publicado en Revista El Observador)

Encuesta Condiciones de Vida 2013

¿Qué escala de valores estamos construyendo?

Si ha habido una noticia este pasado fin de semana ésta ha sido el final de la liga, no sólo por lo ajustado a la hora de saber quién iba a ganarla: en la última jornada y casi en los últimos minutos, con lo que se ha generado mayor atención y se ha llevado a los altares la gesta y el “heroísmo”.

NI la campaña electoral con todo lo que “dicen” que nos jugamos, y estoy convencido, ha sido capaz de superar a la noticia de la liga. Tanto en los días previos, desde el viernes con programas en radio y televisión, como el sábado y no digamos ya el domingo, la noticia de apertura de todos los telediarios era la victoria del Athletic de Madrid. Personalmente soy deportista de los practicantes, pero no sigo a ningún equipo y me sigo sorprendiendo con lo que veo.

COMIDA en el Ayuntamiento de Barcelona, con los presidentes de los dos equipos que se jugaban la liga, la alcaldesa de Madrid trasladada y me imagino que con todo su séquito. Y hasta el Rey, dicen que llamó al presidente del Athletic para felicitarle, y eso que estaba en Arabia Saudí.

OBVIAMENTE el fútbol sobre todo y algún otro deporte, los menos, mueven masas de personas, de sentimientos, pero sobre todo de intereses económicos, un negocio.

DE pronto se nos olvidaron las cifras de paro, se nos olvidaron los miles de jóvenes que tienen que irse de este país porque este país no es capaz de facilitarles un empleo, los cientos de miles de mayores y discapacitados que viven solos y sin atender por los recortes en la ley de dependencia, los índices de pobreza que se encuentran por las nubes, los menores que salen de su casa sin haber desayunado y llegan con hambre al colegio y sin bocadillo para el recreo. Los desempleados que ya no reciben ni prestación ni subsidio, o sea no disponen de ningún recurso económico, los desahuciados por haber sido muy files a lo que le decía la publicidad cuando fueron a comprar una vivienda: “Nunca ha sido tan fácil regalarte una casa por Navidad”…

CUANDO las máximas autoridades, cuando los grandes medios de comunicación, priorizan una noticia sobre otra debemos de saber que nos están trasladando una escala de valores, donde en este caso el fútbol se ha situado muy por encima de cualquier otro tipo de noticia, donde no habrá problemas para cortar calles, dar permisos de manifestación, de pagar posibles desperfectos urbanos. Muy lejos de los impedimentos cuando estas manifestaciones son para reclamar derechos, cuando es para expresar opiniones contrarias a los que nos gobiernan, en este caso todo son problemas, multas e incluso a veces finales violentos.

CON esta reflexión sólo aspiro a que pensemos en nuestra escala de valores, y el modelo social que estamos construyendo, y si funciona de manera que proporcione los máximos beneficios a todos sus miembros. (Art. 3 Declaración Internacional de principios Éticos del Trabajo Social). Y que no nos asustemos cuando el próximo domingo y según las encuestas, más del 40% posiblemente no irá a votar.

(Publicado en Revista El Observador)

La vivienda, medio e instrumento de inclusión: un derecho

A estas alturas nadie puede poner en duda que la privación de una vivienda digna se ha de considerar como una de las manifestaciones más visibles de la pobreza y la exclusión social (Navarro, 2005). Afectando a otros elementos colaterales como el absentismo escolar, la falta de salud física y psíquica, conflictos familiares, desempleo, etc… Situándose todos ellos como agravantes en cuanto a costes sociales que inciden en la vulnerabilidad para iniciar un proceso de exclusión social (Laparra, 2007).

Siendo una responsabilidad de las administraciones públicas el que los ciudadanos dispongan de una vivienda digna como derecho, tal y como recuerda el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ….”, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales: “El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, o el tan aludido artículo 27 de nuestra Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Pero esta obligación por parte de las administraciones viene siendo olvidada y no atendida. En el período 1997 al 2012, se iniciaron en España 6.977.176 viviendas, más de cuatrocientas mil anuales, de ellas el 86% fueron de promoción libre y tan sólo el 14% de promoción pública. Según el último censo de viviendas España dispone de más de veinticinco millones de viviendas, de las que el 14% se encuentran vacías (3.443.365 viviendas).

Pero no solamente las administraciones dejaron de lado la función social de la vivienda al no promocionar éstas con carácter público, haciéndolas accesibles económicamente a la mayoría de la población, sino que la utilizaron como bien de inversión y de especulación obteniendo con ello grandes réditos económicos. Por poner un ejemplo por aquello de que estamos en Málaga, aunque podría ser extrapolado a cualquier otra provincia de parecidas características, el Ayuntamiento de la capital realizó una previsión de ingresos en su presupuesto del año 2006 en aquellos aspectos relacionados con la construcción de más de doscientos once millones, lo que suponía el 22% del total del presupuesto. En los mismos conceptos en el presupuesto del año 2013, estos ingresos se redujeron a tan sólo catorce millones, representando el 2% del total del presupuesto, lo que ha supuesto una disminución del 93% del año 2006 al año 2013.

Ante esta situación por todos conocida, la realidad en cuanto a desahucios que se viene viviendo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, sigue sin ser abordada con los medios y con la urgencia que se merece. Donde Málaga se sitúa como la primera provincia andaluza con mayor número de lanzamientos (desahucios) realizados positivamente, llegando a superar los nueve mil en los últimos seis años, y más de treinta mil en el conjunto de Andalucía.

De ahí que lo vivido recientemente en el gobierno andaluz en donde se ha generado todo un conflicto al más alto nivel a la hora de dar solución a un problema que lleva años sin abordarse de manera contundente, hace que surjan muchas preguntas para las que a veces no se encuentran explicaciones.

Los Trabajadores/as Sociales como profesionales de referencia en los Servicios Sociales, deberíamos de ser y estar de manera constante alertando y exigiendo respuestas adecuadas a esta problemática, que sólo pasa por una solución: la existencia de viviendas suficientes.

Es inasumible que miles de personas se encuentren en lista de espera que les incapacita a la hora de desarrollar un proyecto de vida, facilitar alojamiento a sus hijos o a las puertas de procesos de exclusión. Por lo que es prioritario que se establezcan objetivos calendarizados donde se ponga fecha a esos cientos de miles de ciudadanos malagueños y andaluces que esperan una vivienda digna. Que la vivienda sea considera de una vez por toda como un derecho de ciudadanía y que como tal sea un instrumento que venga a facilitar cuotas de bienestar social. Donde su gestión debiera de incorporarse al Sistema Público de Servicios Sociales, superando otros intereses especulativos y meramente económicos como hasta ahora ha venido siendo y presumiblemente se quiere continuar que sea.