Se ve que con tanta abdicación,
tanta coronación y tanto mundial, los datos que se publicaron hace una semana
respecto a los desahucios producidos en el primer trimestre de este año 2014,
por parte del Consejo General del Poder Judicial, me da la sensación que han
quedado un poco desapercibido y eso que vienen a demostrar un panorama bastante
desolador.
Estos datos ponen de manifiesto
no sólo que los desahucios no han disminuido en Andalucía, sino que por el
contrario han alcanzado la mayor cifra desde el 2008 al comparar el mismo
período, el primer trimestre de cada uno de estos años desde el 2008 al 2014.
Aunque hay que indicar que han sido sólo las comunidades de Andalucía,
Extremadura y Murcia las que han experimentado en este primer trimestre de
2014, el mayor número de desahucios positivos, desde 2008.
Como se puede apreciar por el
gráfico, en este primer trimestre con respecto al primer trimestre de 2013, el
número de lanzamientos positivos ha experimentado un incremento del 14,05%.
Donde hay que recordar que el concepto “lanzamientos positivos”, se refiere
aquellos desahucios en los que el servicio común ha podido practicar el
lanzamiento acordado por el juzgado, según explica el propio Consejo General
del Poder Judicial. Con lo cual no estamos hablando de posibles desahucios, en
donde no conocemos el resultado, sino desahucios que se han llevado a la
práctica.
Si profundizamos un poco más en
los datos y los vemos estos por cada una de las provincias andaluzas, sigue
siendo Málaga la que encabeza espectacularmente el ranking, representando más
del 35,24% del total de los desahucios positivos realizados durante este primer
trimestre del año. Llegándose alcanzar la cifra de 10.022 desahucios positivos
desde el 2008 hasta final de marzo de 2014. Donde los 701 desahucios realizados
en el primer trimestre, es una cifra que no se había alcanzado en estos últimos
seis años, lo que nos debe llevar a preguntarnos que puede estar pasando.
Ante esta situación cada vez se
hace más urgente el que las administraciones públicas, a todos los niveles, de
manera acuciante pongan en marcha mecanismos suficiente no sólo para atender
aquellas familias que junto a su entorno, tienen que afrontar el dejar su
vivienda. Sino además desarrollar proyectos e intervenciones de cara a prevenir
lo que aún puede quedar por llegar.
Se debe de superar la ayuda
económica de emergencia en aquellos ayuntamientos que aún puedan disponer de
recursos económicos, y cuando la familia reúna los criterios que establecen los
diferentes reglamentos que desarrollan estas ayudas. Porque aunque sea
reiterativo el recordarlo ahora, cuando se alude tanto a la constitución, y la defensa
a ultranza que realizan algunas personas en cumplirla, no se corresponde el
mismo interés y su defensa de otros muchos de sus artículos y en especial en el
derecho a la vivienda expresado en el artículo 47, que copio literalmente y
ánimo a que todos/as lo leamos con detenimiento y calma: “Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
entes públicos.”
Cuando se suele aludir a este
artículo lo recordamos para reclamar el derecho a una vivienda digna y adecuada
como indica, pero no es menos importante lo que se dice cuando habla de que la
utilización del suelo se deberá de hacer de acuerdo con el “interés general”
para “impedir la especulación”. O cuando se indica que las plusvalías de la
acción urbanística debe ir dirigida a la comunidad. Porque que poco o nada de
todo esto se realizó durante el llamado boom inmobiliario, la utilización del
suelo fue para el interés de unos pocos, y los miles de millones de plusvalía,
beneficio, fueron a parar a unos pocos bolsillos.
La realidad es que en el primer
trimestre del año 2007 eran 413.300 los hogares que tenían a todos sus miembros
activos en el paro, y en el primer trimestre de este año 2014 esta cifra
asciende ya al 1.978.900 hogares, un incremento del 478,80%, una situación que
parece no tener fin y que echa por tierra el discurso de que la crisis ya ha
pasado. Posiblemente esté pasando en lo macroeconómico, en las grandes cifras
estadísticas, en los resultados de grandes corporaciones empresariales, pero a
costa de posiblemente esa microeconomía que cada vez se encuentra más
arruinada, y que es la que lleva a estas familias a no poder atender la dichosa
hipoteca o a no poder dar de comer a sus hijos. Los desahucios continúan y se
incrementan, la pobreza asciende y el hambre se instaura en nuestros menores, no
hablamos de un país del tercer mundo, estamos hablando de España.
(Publicado en Revista El Observador)
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