En más de una ocasión he abordado desde éstas líneas la
necesidad que urge en Andalucía de que nos dotemos de una nueva ley de
Servicios Sociales, que venga abordar la realidad actual y que todo su proceso
sirva para generar el debate oportuno de que Sistema de Servicios Sociales
queremos. Son veintisiete años de la actual (1988), y varios intentos y
borradores en las dos últimas legislaturas, sin que al final se haya
conseguido.
El adelanto electoral vuelve a enviar al cajón el último
borrador que fue presentado en el mes de agosto, con cierta premeditación
estival, que obligó a mucha/os compañeras/os a dejar las bermudas, el bañador e
incluso días de vacaciones, para que en septiembre y desde el Consejo Andaluz
de Trabajo Social, presentáramos más de 177 alegaciones al proyecto, fueron
reuniones intensas de trabajo por las diferentes provincias de Andalucía. (Para
consultar las alegaciones)
De todo ese esfuerzo final, ya que desde la profesión
venimos debatiendo y trabajando en un nuevo modelo desde hace años, realizando
su presentación en el propio Parlamento la pasada primavera y estando convencido
que fue lo que motivo para que el gobierno andaluz presentará su propuesta
varios meses después. Hoy el Trabajo Social no puede sino que sentirse nuevamente
desilusionado, al ver como un compromiso tan importante no ya para la
profesión, sino para el conjunto de los ciudadanos, que sufren una mayor
vulnerabilidad, no se ha cumplido.
Hay que reconocer el esfuerzo por intentar que los recortes
drásticos e injustos que el gobierno central ha realizado durante los últimos
años en el conjunto de España, desde el gobierno de coalición en Andalucía se
han intentado mitigar. Pero eso no es óbice para reivindicar que la situación
social andaluza, sigue estando a la cola del resto de comunidades, y que el
Sistema de Servicios Sociales no puede seguir siendo la hermana pobre de todos
los gobiernos, con visiones asistencialistas y centradas en prestaciones con
escasos recursos económicos.
Cuando tenemos un llamado salario social, (Ingreso Mínimo de
Solidaridad) que data del año 1999 sobre el que urge una reforma en profundidad,
o su total desaparición y la sustitución por la tan demanda Renta Básica. Con
más de 65.000 solicitudes presentadas en el año 2013 que suponen un incremento
del 30,2% con respecto al año 2011 (como referencia a la actual legislatura) y
que en estos momentos tienen una demora en cuanto a resoluciones y pagos que
fácilmente puede superar los ocho meses.
Pero si miramos otros indicadores, en este período el 55% de
la población indica que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, y
más del 46% tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes.
Circunstancia que está en la génesis para que el 12% de las familias andaluzas
tenga retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. Lo que nos
lleva a las más de 120.000 ejecuciones hipotecarias (inicio del proceso de
desahucio), producidas en Andalucía desde que estalló la burbuja inmobiliaria.
Mientras tanto sólo se han calificado como vivienda de protección 49.000 en
estos años.
Pero si hay un factor clave ante ésta situación ese es el del desempleo, y tristemente al igual que en otros indicadores sociales, en este tan poco Andalucía sale bien parada, con una tasa actual de paro del 34,23% (último trimestre 2014). Que si profundizamos en la misma por rangos de edad, respecto a los menores de 25 años nos situamos en un 58,97% donde sólo nos superan Castilla-La Mancha y Canarias, pero si el rango de edad se sitúa en el de 25 a 54 años nos ponemos con la mayor tasa de paro a nivel nacional al igual que si el rango de edad es de 55 y más años.
No es mi intención caer en la prepotencia y que se pueda
entender que desde los Servicios Sociales vamos a solucionar todas estas
situaciones, que no vienen sino a generar fractura social, desigualdad y
pobreza, donde cada vez son más los ciudadanos que se ven afectados. Un millón
de usuarios acudieron a los Servicios Sociales en Andalucía durante el año
2011, ya que no se han vuelto a publicar memorias de años posteriores.
Por eso la urgencia de la reflexión y el debate para diseñar
un nuevo Sistema de Servicios Sociales, que vaya dando mejores respuestas y con
mayor capacidad. Donde se aborde por qué otras áreas de gobierno no debieran de
estar incorporadas en los Servicios Sociales, como empleo o vivienda, o el tan
constante debate de la coordinación socio sanitaria, donde la ley de
dependencia es un elemento central.
Si no es así seguiremos con la gran mayoría de programas supeditados,
después de casi treinta años, a subvenciones, muchas de ellas condicionadas a
veces por dispuestas políticas y sobre todo por la capacidad presupuestaria. De
ahí la necesidad de que en ese debate se clarifiquen los derechos subjetivos de
obligado cumplimiento, y no dejando necesidades básicas como la alimentación o
el alojamiento, en manos de la caridad y las buenas acciones de ciudadanos y
entidades solidarias. Donde todo el sector especializado, principalmente
constituido por entidades, asociaciones y empresas de servicios, que atienden
a: menores, discapacitados, adicciones, mayores, etc., se encuentren integrados
y coordinados de manera eficiente.
Como dije en alguna reunión, creo que ha llegado la hora de
que los Servicios Sociales digan que quieren ser de mayores.
(Publicado en Revista El Observador)
(Publicado en Revista El Observador)