sábado, 10 de diciembre de 2022

Panel Social de Andalucía

Con esta entrada vengo a presentar un nuevo apartado en el blog, bajo el título: "Panel Social de Andalucía", en un día el de los Derechos Humanos que debe servir no sólo para recordar lo aprobado en 1948, sino para incidir, denunciar y reivindicar que a un año de alcanzar el 75 aniversario desde su aprobación, aún nos encontramos muy lejos de sus planteamientos.

El objetivo de este Panel no es otro que facilitar información sobre variables sociales que permitan analizar la situación de la comunidad andaluza, desde un enfoque cercano, fácil de entender y desde perspectivas que en muchos de los casos no son tratadas. Ya que conocer desde la evidencia no sólo traslada la realidad, sino que a la vez facilita la toma de decisiones para intentar dar soluciones a problemas y situaciones que generan elementos de desigualdad y exclusión, lejos del bienestar social como objetivo máximo alcanzar. En un momento donde además las noticias falsas, los bulos y las medidas verdades se van haciendo protagonistas y parasitando los espacios de comunicación.

Desde el Trabajo Social tenemos la responsabilidad de estar atentos para abordar desde el máximo posible de perspectivas, todo aquello que no venga alcanzar lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos estableció y acordó.

La primera variable que se aborda en el panel es la relativa al Derecho a la Vivienda, para ello se ha elaborado información sobre el número de desahucios, tanto desde la publicada por el Consejo General del Poder Judicial, como desde el Instituto Nacional de Estadística. El número de personas demandantes de vivienda pública según el registro oficial publicado por la Junta de Andalucía, para finalizar con un histórico del número de viviendas que se han construido tanto en régimen libre como de protección, desde el año 2000, que publica el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Como se puede comprobar toda la información facilitada se encuentra extraída de fuentes oficiales, lo que viene avalar los datos que se aportan.

A partir de esta información el principal análisis a realizar es que este derecho viene siendo incumplido de manera sistemática, ya no sólo en nuestra comunidad autónoma (Andalucía), sino en el conjunto del estado.

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