La estadística es la ciencia que permite explicar y expresar de diferentes maneras un mismo hecho dependiendo del autor que lo haga, y sobre todo, de su intención a la hora de explicar un hecho. Llama la atención especialmente en estos años de crisis, como se ha intentado estrujar datos positivos de todas las cifras oficiales, intentando crear una realidad virtual que la calle no reconocía. Esta circunstancia debe obligar a los responsables políticos y técnicos, a ser muy transparentes y éticos a la hora de utilizar las estadísticas.
En este juego, recientemente desde la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, se han emitido
varias notas para destacar como en el mes de octubre la Comunidad Autónoma es
la que más personas dependientes ha incorporado, al Sistema, más de dieciséis
mil, situándose la primera del Estado. La noticia a primera vista y desde este
titular transmite una realidad que nadie puede poner en duda. Desde la profesión de Trabajo Social,
desde el minuto uno en que se comenzó a desarrollar este derecho subjetivo,
hemos valorado muy positivamente el modelo de desarrollo en Andalucía. Este
modelo ha tenido su pilar en los
Servicios Sociales Comunitarios o Municipales, y en la figura de las
trabajadoras y trabajadores sociales,
desde la información para acceder al derecho, pasando por valoración del grado de dependencia y la elaboración del PIA, así como el posterior
seguimiento e inspección. También
tenemos que reconocer el papel
esencial de la profesión en la red de
servicios y centros de atención a las personas dependientes.
Todo ello, ha posibilitado que Andalucía haya sido capaz
de atender a más de ciento noventa mil personas, y gestionar más de doscientas
sesenta y cinco mil prestaciones. El mayor desarrollo de este derecho fue el
año 2012. A partir de esta fecha con los recortes impuestos por el gobierno
central, y la propia gestión de la Junta, la “dependencia” se paró en seco. Es
cierto que desde finales de 2014 se toma un nuevo impulso, pero nunca en los niveles anteriores, y con vaivenes
que han dependido de la planificación económica, olvidando las miles de
personas que siguen esperando el reconocimiento de su situación de dependencia
y el acceso a un recurso público.
La estadística marca que en el mes de octubre se ha alcanzado una
cifra “record”, que sitúa a la comunidad autónoma como primera en el ranking en
comparación con el resto de comunidades. Este hecho debiera situar a la
administración en la obligación de dar una explicación más clara del porqué
este incremento tan espectacular en estos momentos. Si se profundiza en los datos, el mayor
aumento se ha producido porque de un día para otro, como se suele decir ,toda
aquella persona que ya tenía un servicio de Teleasistencia -el típico botón
rojo para personas mayores de 65 años- se ha incorporado como beneficiario de
la dependencia siempre que tuviera el grado I de dependencia reconocido. Sin
que haya supuesto un mayor esfuerzo económico para las arcas autonómicas, el
aumento de personas atendidas ha sido espectacular. Como estrategia de gestión
no tengo sino que felicitar al ideólogo de esta decisión, el impacto en la
estadística ha sido inmediato.
Claro está, la transparencia se
ha olvidado que muchas de estas personas forman parte del Sistema sin saberlo
en los datos, y también que en lo que llevamos de año (enero a octubre) se han
perdido 5.120 prestaciones económicas de cuidados familiares, o que si no se
contabilizara el incremento por Teleasistencia el número de nuevos usuarios
sólo hubiera sido de unas ochocientas personas, etc.
Desde mi modesta posición, haría un llamamiento a la prudencia y sobre
todo a la transparencia, más cuando son de derechos de personas muy vulnerables
por la edad, la enfermedad, o
discapacidad que padecen. No todo vale en el juego de la estadística.