Estoy convencido que la gran mayoría de la ciudadanía es conocedora de que el acceso a la vivienda es un derecho, tristemente no de los considerados como fundamentales, sino como principio rector de la "política social y económica" de nuestro país incorporado en el Capítulo Tercero de la constitución. Sin olvidar el conjunto de normativa internacional a la que España se debe al haberlas ratificados, obligada por tanto a su cumplimiento, donde se establece el acceso a la vivienda como derecho. Valga como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que desde 1948 lo reconoce en su artículo 25:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Pero que ocurre cuando un derecho, al que se deben las administraciones públicas para su cumplimiento, entra en el olvido y en el incumplimiento de una manera continuada a la vez que genera perjuicios en la vida de las personas, como es el caso del acceso a la vivienda, ?¿?¿?¿? Dejo el cuestionamiento para la reflexión y la participación si se quiere.
El problema de acceso a la vivienda viene siendo una constante en nuestro país sin que hasta el momento se hayan activado acciones de gran calado que venga a solucionarlo, sobre todo de cara a futuro. Las medidas han sido tímidas sin entrar a fondo en un cambio de paradigma, donde la vivienda deje de ser un bien económico y recupere su sentido como bien de necesidad básica. Y aunque recientemente se ha aprobado la primera ley de vivienda a nivel estatal, habrá que dar tiempo y ver como se desarrolla, aunque ya ha habido administraciones a nivel autonómico y local que han mostrado su poca o nula aceptación de la misma, reafirmando el olvido de este derecho al que se deben.
Fuente: Elaboración propia a partir Junta de Andalucía
Por dar un dato y ver la magnitud del problema, en Andalucía en los últimos cinco años (2018 a 2023) las solicitudes de personas demandantes de una vivienda pública se han incrementando en un 50,07%, que en valores absolutos supone más de cien mil nuevas solicitudes (107.683). Mientras tanto el número de vivienda protegida que ha obtenido la calificación definitiva en el mismo período ha sido de tan sólo 87 viviendas (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), lo que viene a representar el 0,08% de las nuevas solicitudes. La muestra constata por un lado la necesidad de la ciudadanía de una vivienda, como el olvido por parte de la administración en cumplir este derecho que viene a cubrir una necesidad básica.
Habrá que seguir recordando y recordando este derecho, y otros, aunque no guste...
Vaya juego de palabras que
diréis ¿no?, puede ser.
Hoy leía uno de los
artículos sobre Trabajo Social que tenía pendiente, es un trabajo del año 2017,
pero que mantiene toda la actualidad, escrito por Maribel Martín Estalayo y
Luis Nogués Sáez, ambos profesores de la Universidad Complutense de Madrid al
que se puede acceder en el siguiente enlace https://doi.org/10.1590/1982-02592017v20n3p335
Como indica en el resumen “Este
artículo tiene como objetivo analizar relatos de un grupo de profesionales de
trabajo social en España que, bajo la pretensión de recuperar la esencia del
trabajo social y con el malestar que comporta ejercer la tarea en un contexto
de remercantilización y privatización de lo social, difuminan el compromiso
profesional.”
Entre otras muchas reflexiones
para las que animo a su lectura, en lo referente al momento que se venía
viviendo hace unos años, pero que no ha cambiado de ahí su total actualidad, copio
literal lo siguiente:
“…reasignación de funciones entre los actores sociales
presentes en la acción social: reducción del papel de lo público a favor de una
iniciativa social amable con el poder y de un mercado que irrumpe en lo social
con el doble objetivo de obtener pingües beneficios a través de la
privatización de servicios y, simultáneamente obtener prestigio social por
medio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).” (p. 341).
Me parece que es de un acierto tal, así como de concreción y realidad, lo que se recoge en estas cuatro líneas que no he podido sino que utilizarlas para hacerlas columna vertebral de esta entrada.
No digo nada nuevo si recuerdo que el avance en derechos y en transformación social, aunque esta sea en dosis pequeñas, se ha gestado cuando han existido movilizaciones y grupos sociales que lo han promulgado, primeramente casi desde el anonimato y la mayor de las minorías, para desde la constancia cuando se tiene claro que lo que se defiende es de justicia, pasar a formar parte del debate público y a partir de ahí generar toda una serie de procesos de cambio, pondré algunos ejemplos:
- La concienciación y el debate sobre la ayuda a los denominados países en vía de desarrollo, sobre la deuda externa de estos países, etc. en los años 90, vino del movimiento por el 0,7% aunque para muchos esto les suene a chino. A veces lo comento en clase y nadie lo conoce y ni han odio hablar eso del 0,7% menos que hubo una movilización en todo el estado a modo de acampada que fué portada de periódicos durante días, si aquí también en Málaga acampamos en la que aún era la plaza de la Marina con albero.
(Acampada del 0,7% Málaga, 1994)
- No puedo olvidar el movimiento social que surgió ante el consumo de drogas también en los noventa, que supuso en Andalucía, al igual que en el conjunto del estado, pasar de cero a construir toda una serie de recursos en los diferentes niveles desde la prevención a la atención pasando por la reinserción de la que aún se sigue hablando, pero que para nada hubiera sido al ritmo que fué sin la presencia y presión por parte de los colectivos.
- Y como no el movimiento Stop Desahucios, que fué capaz en los momentos de mayor impacto de la crisis de 2008 ser la voz de miles de personas (tristemente aún hoy), que eran expulsada/os de sus casas al no poder hacer frente a las cuotas de hipoteca o alquiler (en los últimos años) sin que hubieran recursos para atenderles.
Dejo aquí estos tres ejemplos, donde la movilización ciudadana consiguió hacer visible realidades en muchos casos desconocidas para el resto de la ciudadanía, y en todas ellas he conocido compañeras/os de trabajo social implicados/as incluso en algunos espacios siendo protagonistas de los mismos. Pero posiblemente no tantos como me hubiera gustado.
Sin embargo a veces tengo la sensación que ese reposicionamiento al que alude el artículo de los que denomina "actores sociales en la acción social", son los que consiguen hacer "Que todo siga igual", obviamente he de pensar que de manera inconsciente, ya que en muchas ocasiones incluso los discursos son de cambio y de transformación, pero a la hora de la verdad: "todo sigue igual".
