domingo, 2 de febrero de 2025

El Trabajo Social ¿profesión vocacional?

Estoy convencido que un porcentaje bastante alto de respuestas a la pregunta ¿el Trabajo Social es una profesión vocacional? es afirmativa. Además en los últimos tiempos me encuentro cada vez con más personas, la gran mayoría no son profesionales del trabajo social, que cuando tienen que hablar de esta profesión siempre en alguna parte de su mensaje incorporan lo "vocacional" que es el Trabajo Social.  

A veces es muy didáctico ver la definición que recoge la Real Academia Española (RAE), en el Diccionario de la Lengua Española, en este caso de la palabra vocación, indicando como primera definición: "Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión", y en su tercera "Inclinación a un estado, una profesión o una carrera". 

Fuente: 
https://hablandoderecho.wordpress.com/2015/07/07
Habrá que entender que cuando se nos dice que el Trabajo Social es una profesión muy vocacional no se están refiriendo a la primera definición sino a la tercera, aunque a veces tengo mis dudas, ya que a la vez cuando esas personas hablan de lo vocacional que somos nos suelen identificar con actividades y acciones todas ellas muy relacionadas con la "ayuda" y la "asistencia", no suelo escucharles que somos una profesión que promueve "el cambio y el desarrollo social" tal y como se indica en nuestra definición.

A la par de esto me surge otra duda, porque nos identifican con esa vocación a nuestra profesión, e de decir que también a otras, cuando si nos ceñimos a la tercera definición de la RAE, todas las profesiones debieran ser vocacionales aquello de "hacer-trabajar" en lo que me gusta, donde me siento identificado y realizado. Por eso tenía mis dudas si están pensando más en identificarnos con la primera definición.

Antes aludía a nuestra definición y en más de una ocasión la he recogido en este blog, pero volvemos a recordarla: 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. (International Federation of Social Workers).

Y tú que has leído hasta aquí, ¿Qué piensas ...?


miércoles, 25 de diciembre de 2024

Ante la necesidad de socializar los avances tecnológicos

Estudios confirman el riesgo de exclusión social en la población que no utiliza las nuevas tecnologías, para García “los incluidos son quienes están conectados; sus otros son los excluidos, quienes ven rotos sus vínculos al quedarse sin trabajo, sin casa, sin conexión” (2006: 73). 

La posibilidad de acceso, así como la capacitación en habilidades digitales, se convierten en la actualidad en una necesidad que vendrán a plantearse como nuevos derechos sociales del conjunto de la ciudadanía, “entre los que tienen y no tienen internet” (Castells, 2003: 311). 

Por lo que corresponde, desde la responsabilidad pública a las administraciones, en sus diferentes niveles, desarrollar cuántas iniciativas sean necesarias a fin de no generar ciudades y espacios territoriales a diferentes velocidades, en lo que al desarrollo tecnológico se refiere, de lo contrario se corre el riesgo de que las ciudades “inteligentes” se conviertan en espacios que vengan a generar si cabe mayores dosis de exclusión y desigualdad social.

Los párrafos anteriores los escribía en el año 2020, como ponencia que fue presentada al Greencities en el 11 Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, celebrado en Málaga. Una ponencia que obtendría una mención en el Premio Carlos Hernández Pezzi a la mejor comunicación científica, junto a mi compañera Natalia del Pino.

https://www.uma.es/fest/noticias/los-investigadores-de-la-facultad-de-estudios-sociales-y-del-trabajo-rafael-arredondo-y-natalia-del-pino-han-obtenido-una-mencion-en-el-premio-carlos-hernandez-pezzi-la-mejor-comunicacion-cientifica/

En la parte introductoria terminaba indicando que:

Desde el Trabajo Social, junto al conjunto de interventores sociales de otras profesiones y disciplinas académicas, se ha de estar atento al conjunto de desarrollos tecnológicos, que, de manera bien directa o indirecta, pueda afectar al bienestar de las personas, a sus capacidades de interacción y sus posibilidades de desarrollo tanto a nivel personal, familiar o comunitario. Actuando si cabe como voz de alerta para que estos avances efectivamente se conviertan en oportunidades para el bien común.

Hoy a casi cinco años después, me reitero en lo escrito en cuanto a la necesidad de que los desarrollos tecnológicos que se están produciendo puedan ser socializados para que a su vez puedan ser utilizados por la gran mayoría de las personas, sobre todo las que incluso más lo pueden necesitar, como el caso de personas mayores que ven no cubierta sus necesidades básicas de la vida diaria.

El abordaje de esta realidad no puede situarse en exclusividad, o de manera más prioritaria, y en muchas de las ocasiones incluso con enfoques de pura difusión mediática, en el atractivo que genera ciertos avances tecnológicos, que obviamente pueden venir a facilitar el día a día. Si a la par no se asegura que estos recursos pueden ser facilitados a la mayoría de la ciudadanía. Ya que de lo contrario no se estaría poniendo la investigación al servicio de la mayoría social necesitada de ellos, sino para aquellos sectores de población que pueden hacer frente a los costes que suponen, o que disponen de los medios necesarios para su implementación.

Pero a la vez habría que estar atento a estas situaciones y no perder de vista su objetivo, mejorar el bienestar social del conjunto de la ciudadanía de una manera real y empírica. Los avances tecnológicos no pueden suponer el olvido o servir incluso de ocultamiento del gran conjunto de recursos y servicios que a día de hoy no son puestos a disposición de esas personas para las que a su vez se está trabajando, bien por falta de recursos económicos, inversión en el incremento de los mismos, o falta de organización y estructura. Obviamente partiendo de la necesidad de que se invierta y se desarrollen cuantos más y mejores medios tecnológicos mejor, pero no haciéndonos trampas en el solitario como se suele decir.

Para finalizar esta entrada, sigo recuperando cuestiones aportadas a la comunicación ya mencionada, en este caso a nivel de conclusiones:

El momento histórico que se está viviendo donde en marcos temporales muy reducidos se han realizado avances que en otros momentos han supuesto siglos, obliga a una reestructuración y a un nuevo paradigma de los diferentes actores sociales, sin dejar nadie atrás. Se está ante una oportunidad en la que los avances tecnológicos puedan suponer la mejora, no de unos pocos, sino de la comunidad en su conjunto. Sin olvidar que no todas las personas parten ni con las mismas capacidades ni con las mismas posibilidades y oportunidades, por lo que habrá que incorporar elementos correctores que vengan a igualar y nivelar las diferencias existentes.

Arredondo, R. y Del Pino, N. (2021). Las ciudades inteligentes que no olvidan a las poblaciones más vulnerables, una oportunidad para el bien común. En Gómez, Mª L. y Romero, O. (Coord.). Greencities, 11º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana: Actas del XI International Greencities Congress (pp. 41-50). Palacio de Ferias y Congreso de Málaga (FYCMA).

sábado, 7 de diciembre de 2024

Ley de Servicios Sociales de Andalucía, 8 años

En unos días se cumplirán 8 años de la aprobación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, la segunda ley aprobada en nuestra comunidad desde la Constitución de 1978. Por recordar, la primera ley data del año 1988, tuvieron que pasar 28 años para que se aprobara esta segunda.

La entrada en vigor de la nueva ley fue un hecho histórico en el ámbito social, y por ende en el del Trabajo Social, no sólo por la necesidad urgente que existía de actualizar y adaptar a una realidad tan cambiante como es todo lo que se puede circunscribir a los aspectos sociales, y que la nueva ley recogía: desde el profesional de referencia (art. 31) a los equipos profesionales (art. 30), a la Carta de Derechos y Deberes (art. 13, 63, Disposición Adicional sexta), aspectos éticos (Capítulo X), los conciertos sociales (art. 103), la Investigación e innovación en Servicios Sociales (Capítulo IX), pero sobre todo un nuevo Catálogo de prestaciones (art. 41), actualizado y acorde a un Sistema de Servicios Sociales que supere lo asistencial y convierta en el eje central de la intervención los derechos sociales.

Fuente: Junta de Andalucía https://www.juntadeandalucia.es/organismos/inclusionsocialjuventudfamiliaseigualdad/areas/inclusion/servicios-comunitarios.html

Un modelo de intervención que la propia ley establece en el denominado como de: “atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención.” (art. 45.1). Con todo un Capítulo V que viene a definir y marcar como debe de ser el “Proceso de intervención”.

La importancia de un nuevo Catálogo de Prestaciones era tal que la ley en su Disposición adicional cuarta establece que:

“El Consejo de Gobierno aprobará el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley”.

Hoy a casi 8 años de entrada en vigor de la ley este Catálogo sigue siendo sólo letra escrita, como se suele decir el papel lo asume todo, sin que se haya hecho efectiva esta Disposición y sin que tan poco exista ningún tipo de consecuencia más allá de las que afecta a las personas que son atendidas en el Sistema Público de Servicios Sociales. Por recordar, el conjunto de la población, tú y yo, no sólo los “pobres”, los “vulnerables”, los “necesitados” … típicas expresiones utilizadas a la hora de definir a este colectivo. Y, además, me molesta como profesional del Trabajo Social, que se nos adjetive como “vocacionales”, desde una visión puramente asistencialista y de un buenismo que lo que transmite son visiones trasnochadoras de otras épocas.

Ayer se celebraba el día de la Constitución 6 de diciembre, 46 años, y aún el Sistema Público de Servicios Sociales sigue sin alcanzar el tratamiento que requiere, sigue siendo la cenicienta del cuento.

domingo, 29 de septiembre de 2024

Servicios Públicos para mejorar la vida de la gente

En menos de quince años han estallado dos crisis que han puesto sobre las cuerdas la protección social en España. La crisis financiera de 2008 y la crisis sanitaria a raíz de la COVID-19, que ha promovido unas dinámicas exclusógenas con un impacto diferencial en la sociedad incidiendo significativamente en aquellos sectores de población más vulnerables (Arredondo y Macias, 2022).

El escenario pospandemia, podríamos pensar que se convierte en una oportunidad para el cambio, a raíz de las experiencias vividas, así como del plan de reconstrucción europeo. Pero muchas de las veces a vista de las decisiones que se vienen tomando, parece que esta oportunidad para el cambio ha sido olvidada.

Seguro que todas y todos hemos escuchado en muchas ocasiones frases que se han hecho famosa, latiguillos que quedan bien:

No dejemos nadie a tras, o hagamos una intervención social centrada en la persona.

Como digo suenan bien y lo que nos dice es que la gente es lo primero…

Estos días se ha hecho público el último informe de Intermon Oxfam bajo el título:

DESIGUALDAD S.A.

El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora

En sus primeras líneas se puede leer:

“Desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo período, la riqueza acumulada de cerca de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido. Las penurias y el hambre son una realidad cotidiana para muchas personas alrededor del mundo. A este ritmo, se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza; sin embargo, en tan solo 10 años, podríamos tener nuestro primer billonario.”

Podemos pensar que esto no va con España, pero si, también va…

Me rebelo cuando veo que aún se realizan recogidas de alimentos, de juguetes y de material escolar, para menores, cuando llegan las clases, y pienso, pero esto es real… Pero además son actividades y líneas de acción que le encanta a la derecha y porque no decirlo también alguna izquierda. Medidas que inciden y perpetúan la benefician, contra el reconocimiento de derechos.

Está demostrado que sólo desde el reconocimiento de derechos, las sociedades avanzan. Y que, en la actualidad, recordemos el informe de Oxfam, si cabe se hace más que necesario políticas públicas para la gran mayoría de personas. Políticas públicas que vengan a cubrir necesidades tan básicas como tener un techo, una vivienda para generar un proyecto de vida.

Este es el gran problema que tenemos en la actualidad, un problema que no se ha generado de la noche a la mañana, sino que se viene produciendo desde hace muchos años. En los últimos 30 años en España el 85% de la vivienda construida ha sido de renta libre por un 15% de protección, en Málaga donde estamos, los datos aún son peores un 94% de renta libre sobre un 6% de protección.


Pero si nos vamos a un tiempo más corto, los últimos 4 años, en la provincia de Málaga de las viviendas visadas el 98,4% han sido libres por un 1,6% de protección. Como ven no es una cuestión que haya surgido de manera imprevista, sino que viene siendo un proceso de años donde no se ha querido o no se ha sido capaz de atajarlo reconociendo el derecho y proyectando un gran plan de vivienda pública en el conjunto del Estado.

Pero si la vivienda es un problema y requiere de políticas públicas, que voy a decir de la sanidad, donde el incremento en las listas de espera afectando a miles de andaluces ó las reducciones drásticas de personal sanitario para poder atender de manera adecuada la demanda actual, no es sino una estrategia planificada de cara a la implantación de un sistema privado de salud a costa del sistema público.

O en educación, con una gran oportunidad para la mejora de las ratios en centros escolares ante la bajada de la natalidad, que no se realiza. Abriendo las puertas con grandes facilidades a entidades educativas privadas. Donde posiblemente es en el ámbito de la formación profesional y en el de la universidad los que en un mayor número se están produciendo. En Málaga ya se encuentran aprobadas dos nuevas universidades privadas las cuáles no cumplen requisitos y parámetros en cuanto, entre otros aspectos, a investigación y transferencia, que si es exigida a las universidades públicas, primando por encima de cualquier variable el “negocio”. Por dar un dato la matrícula en la Universidad Alfonso X el Sabio, una de las aprobadas para Málaga, oscilaba en el curso 2022-23 para el grado en Medicina en 21.150 euros anuales por los 7.630 euros anuales para el grado en Nutrición Humana y Dietética. Si se compara entorno a los 800 euros que significa el coste anual en la Universidad de Málaga, y por ende en las universidades andaluzas, la diferencia queda más que patente.

Y si hablaba de sanidad y educación, no puedo dejar de lado el ámbito de los Servicios Sociales, con un sistema que sigue anclado en muchos de los casos en modelos benefactores y de otra época: que voy a decir de la intervención en zonas desfavorables a través de la Estrategia ERACI que aparece y desaparece o ante la falta de personal que permita realizar adecuadas intervenciones, y sin disponer de un catálogo de prestaciones del Sistema Público, con una ley de Servicios Sociales aprobada en 2016 que establece que el catálogo estaría aprobado en un plazo de 12 meses, hoy siete años después se sigue esperando. O de la dependencia con una demora en la actualidad de 603 días, más de un año y medio, como tiempo que se tarda en resolver una solicitud en todo su proceso, cuando la norma establece que se deberá de realizar en un plazo no superior a los 6 meses.

No podemos olvidar que estamos ante los denominados pilares del estado de bienestar. Esos pilares que vienen a sujetar, a construir, una sociedad donde prime la justicia social tal y como se recoge en nuestra constitución, pero que se incumple en muchos de sus preceptos, y no pasa nada.

Apostar y defensar de manera tajante unos servicios públicos que den cobertura al conjunto de la población, es poner a la gente lo primero, por que estos se convierten en garantes de la igualdad y por ende en el mejor de los recursos para abordar la desigualdad. Y para ello es necesario que estén dotados económicamente como se requiere, porque el problema no está en disponer de los recursos económicos, el problema está en como estos se distribuyen a nivel presupuestario y sobre todo en cómo y sobre quienes se aplican las medidas de recaudación de impuestos, donde realmente lleguemos al cumplimiento de que estos sean progresivos y quien más tiene más aporte.

El debate es vuestro.

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