La vivienda, medio e instrumento de inclusión: un derecho

A estas alturas nadie puede poner en duda que la privación de una vivienda digna se ha de considerar como una de las manifestaciones más visibles de la pobreza y la exclusión social (Navarro, 2005). Afectando a otros elementos colaterales como el absentismo escolar, la falta de salud física y psíquica, conflictos familiares, desempleo, etc… Situándose todos ellos como agravantes en cuanto a costes sociales que inciden en la vulnerabilidad para iniciar un proceso de exclusión social (Laparra, 2007).

Siendo una responsabilidad de las administraciones públicas el que los ciudadanos dispongan de una vivienda digna como derecho, tal y como recuerda el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ….”, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales: “El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, o el tan aludido artículo 27 de nuestra Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Pero esta obligación por parte de las administraciones viene siendo olvidada y no atendida. En el período 1997 al 2012, se iniciaron en España 6.977.176 viviendas, más de cuatrocientas mil anuales, de ellas el 86% fueron de promoción libre y tan sólo el 14% de promoción pública. Según el último censo de viviendas España dispone de más de veinticinco millones de viviendas, de las que el 14% se encuentran vacías (3.443.365 viviendas).

Pero no solamente las administraciones dejaron de lado la función social de la vivienda al no promocionar éstas con carácter público, haciéndolas accesibles económicamente a la mayoría de la población, sino que la utilizaron como bien de inversión y de especulación obteniendo con ello grandes réditos económicos. Por poner un ejemplo por aquello de que estamos en Málaga, aunque podría ser extrapolado a cualquier otra provincia de parecidas características, el Ayuntamiento de la capital realizó una previsión de ingresos en su presupuesto del año 2006 en aquellos aspectos relacionados con la construcción de más de doscientos once millones, lo que suponía el 22% del total del presupuesto. En los mismos conceptos en el presupuesto del año 2013, estos ingresos se redujeron a tan sólo catorce millones, representando el 2% del total del presupuesto, lo que ha supuesto una disminución del 93% del año 2006 al año 2013.

Ante esta situación por todos conocida, la realidad en cuanto a desahucios que se viene viviendo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, sigue sin ser abordada con los medios y con la urgencia que se merece. Donde Málaga se sitúa como la primera provincia andaluza con mayor número de lanzamientos (desahucios) realizados positivamente, llegando a superar los nueve mil en los últimos seis años, y más de treinta mil en el conjunto de Andalucía.

De ahí que lo vivido recientemente en el gobierno andaluz en donde se ha generado todo un conflicto al más alto nivel a la hora de dar solución a un problema que lleva años sin abordarse de manera contundente, hace que surjan muchas preguntas para las que a veces no se encuentran explicaciones.

Los Trabajadores/as Sociales como profesionales de referencia en los Servicios Sociales, deberíamos de ser y estar de manera constante alertando y exigiendo respuestas adecuadas a esta problemática, que sólo pasa por una solución: la existencia de viviendas suficientes.

Es inasumible que miles de personas se encuentren en lista de espera que les incapacita a la hora de desarrollar un proyecto de vida, facilitar alojamiento a sus hijos o a las puertas de procesos de exclusión. Por lo que es prioritario que se establezcan objetivos calendarizados donde se ponga fecha a esos cientos de miles de ciudadanos malagueños y andaluces que esperan una vivienda digna. Que la vivienda sea considera de una vez por toda como un derecho de ciudadanía y que como tal sea un instrumento que venga a facilitar cuotas de bienestar social. Donde su gestión debiera de incorporarse al Sistema Público de Servicios Sociales, superando otros intereses especulativos y meramente económicos como hasta ahora ha venido siendo y presumiblemente se quiere continuar que sea. 

Salario Social en Andalucía

EN mi última entrada hablaba de la necesidad urgente de adaptar la actual Ley de Servicios Sociales de Andalucía, ante su obsolescencia, para atajar los problemas reales que en estos momentos, desde un punto de vista de política social con mayúsculas, tiene Andalucía. Esta futura nueva ley no solo vendría actualizar un marco legislativo de hace veintiséis años, sino que todo su proceso de elaboración permitiría un debate y una planificación en cuanto a Servicios Sociales que en estos momentos es inexistente.

PERO si con la ley nos encontramos con un marco general de hace veintiséis años, a la hora de abordar el “Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía”, conocido como el ‘Salario Social’, estamos ante un Decreto (2/1999 de 12 de enero), de hace dieciséis.

LOS problemas sociales son dinámicos y multicausales, de ahí que intervenir en procesos de exclusión social, la vivienda junto al empleo, la formación o el acompañamiento social, se consideran fundamentales (Concurso de Buenas Prácticas. Dubai 1996). Por lo que con buen criterio, el citado programa (salario social), en su definición establece todo un conjunto de acciones y medidas dirigidas en este sentido, aludiendo a: un ingreso mínimo, itinerarios profesionales, medidas educativas y el acceso a la vivienda.

SI le preguntáramos a los 33.068 titulares que durante el año 2012 (último año cuyas estadísticas han sido publicadas), le fue concedido el salario social dígase el ingreso mínimo que ascendió a 400,09 euros, con un incremento de 51,62 euros por cada miembro de la unidad familiar, respecto  si recibieron otras medidas de las ya comentadas, nos encontraríamos con que en una gran mayoría brillaron por su ausencia. Donde el incremento de solicitudes presentadas no ha hecho sino que aumentar desde 2007, inicio de la crisis, pasando de 22.566 solicitudes en 2007 a 55.440 solicitudes en 2012, un 146% más.

PERO sí necesaria es la intervención en aspectos como la vivienda, que se convierte en elemento crucial como mecanismo de inclusión activa. El perfil de personas que han solicitado el salario social en cuanto a su formación, debiera hacer reflexionar en las máximas instancias de manera alarmante, para generar actuaciones de carácter urgente. Ya que el 68% se encontraba sin estudios básicos.

NOS encontramos ante una realidad y un panorama muy preocupante que podemos seguir enmascarando con nuevos decretos y/o órdenes para la puesta en marcha de planes de exclusión o inclusión social en Andalucía. Pero lo que se sitúa como urgente es una planificación a largo plazo, con medidas que actúen desde la globalidad en las circunstancias que miles de andaluces y españoles tienen en estos momentos, antes de que se inicien en un proceso de exclusión social. Para entonces ya habremos llegado tarde y los costes tanto económicos como sociales se verán multiplicados.

Publicado en Revista El Observador (26/03/2014)

¿Tonto?

Iba paseando cuando casi me doy de bruces con una marquesina de las utilizadas para campañas de publicidad. Normalmente no les hago ni caso, será por lo de ahorrar neuronas, pero en ésta ocasión si, e incluso me pare para leer y releer el mensaje "Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto", en este caso ya era una cuestión profesional, era la campaña de la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción).

Lo primero que pensé es lo poco acertado del mensaje, a mi modesto entender, pero lo que más me enojó, digamoslo así, era la utilización de la palabra "tonto".

Estoy convencido que lo han hecho con la mejor de las intenciones, pero ¿no había otra palabra para definir lo que querían definir? o es que utilizando ésta palabra era realmente lo que querían transmitir a los más jóvenes.

Para mí la palabra "tonto" es despectiva, y atenta contra las personas que tienen una discapacidad de éstas características. Y el utilizarla en este contexto no viene sino a ponerla en valor entre los más jóvenes, haciéndole un flaco favor a la integración, ya que si hay tontos es porque hay listos.

Yo no sé si soy tonto o listo, o será cuestión de la edad, pero cada vez se me olvidan más cosas....

Ante la resignación propuestas

Este fin de semana se ha celebrado la III edición de los Premios de Trabajo Social que a nivel estatal entrega el Consejo General, en esta ocasión los premiados han sido Jordi Evole, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Monserrat Colomer, tres ejemplos de compromiso con la justicia social.

En las palabras que nos dirigió Monserrat Colomer, había un mensaje muy claro, que no bastaba con protestar, con decir lo mal que está todo, con resignarse, sino que todo ello tiene que venir acompañado de propuestas. Palabras muy inteligentes que nos obligan a reflexionar, y nos obligan a mirarnos en lo más interno de nuestro compromiso con la profesión y con los ciudadanos.

En los momentos actuales en donde se encuentran en juego valores y derechos, en donde debemos de situar a las personas por encima de cualquier otros intereses, es el momento del Trabajo Social. Tal y como indica el artículo 5 de nuestro Código Deontológico nuestra disciplina “promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno”, sólo nos resta pasar a la acción, pasar a la propuesta.

Ley de Servicios Sociales de Andalucía, veintiséis años después

Tal y como se indica en el titular nos encontramos en la actualidad con una Ley de Servicios Sociales andaluza (Ley 2/1988, de 4 de abril), que va a cumplir los veintiséis años desde que se aprobó.

En nuestro Estatuto de Autonomía (art. 61.1), se establece que la comunidad tiene competencias exclusivas en Servicios Sociales, y de ahí la necesidad de que exista un marco legal que regule todo el conjunto de acciones que abarcan lo Servicios Sociales; tanto desde los recursos, los sectores de intervención, la gestión, etc., que además asegure un desarrollo en el conjunto de la comunidad, de cara a conseguir las mayores dosis de bienestar social y calidad de vida entre los andaluces.

El que después de veintiséis años sigamos bajo el paragua de una ley obsoleta y no adaptada a las nuevas realidades, no permite abordar como a lo mejor lo hubiera podido haber hecho, modificaciones como las planteadas por la reforma de la administración local aprobada el pasado mes de diciembre, y que cambiará la configuración de los servicios sociales tal y como hoy los conocemos.

Es necesario y urgente que se adapte esta ley, viniendo a dar garantías al Sistema Público de Servicios Sociales, que no puede seguir dependiendo a la hora de desarrollar todo su campo de acción de un modelo de subvenciones anuales, bien sean estas del gobierno central, del autonómico o del ámbito local, sino que el conjunto de las intervenciones sobre los sectores que se vienen desarrollando, tienen que tener asegurada sus diferentes recursos: humanos y  financieros de manera estable y continuada en el tiempo.

El Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, viene demostrando a través del conjunto de profesionales que lo componen, así como del resto de entidades y asociaciones que de manera coordinada colaboran, que ha superado con crece, yo diría que con nota, los retos que día a día se le plantean a la hora de abordar las diferentes problemática sociales y/o intervenir para que estas no se produzcan. Según la última memoria del Plan Concertado publicada por el Ministerio (año 2011), cada Centro de Servicios Sociales como puerta de entrada al Sistema Público, tenía un ratio de población a atender que ascendía a las 34.448 personas en Andalucía, donde fueron atendidas un millón de personas.

Nadie a estas alturas pone en duda la necesidad de que exista el Sistema Público de Servicios Sociales, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer para seguir eliminando clichés de otras épocas, para que no se siga primando la beneficencia y las obras de caridad de manera encubierta, sino que aceptemos de una vez por toda los Derechos Sociales que tiene la ciudadanía. Independientemente de que puedan existir colectivos que de manera altruista y benefactora, quieran desarrollar otras actividades, pero sin que éstas se confundan o vengan a suprir los Servicios Sociales. Esta circunstancia es otra más para ahondar en la necesidad de la nueva ley que venga a definir de manera muy clara los Derechos Sociales de carácter subjetivo, que como ciudadanos deberíamos de tener, donde elementos como la vivienda, el empleo o una renta básica, se sitúan claves en cualquier proceso de inclusión social. Y por tanto tienen que ser objeto de desarrollo en esa futura, esperemos muy próxima, nueva ley de Servicios Sociales de Andalucía.