De 17.883 solicitudes concedidas de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (en 2018), sólo a 137 expedientes se elabora el Plan de Inclusión Social y Laboral

En noviembre de 1990 se aprobaba el Decreto 400/1990, de 27 de noviembre, por el que se creó el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía, más popularmente conocido como "Salario Social". Posteriormente se aprobaría el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que vendría a regular el programa anterior.

Casi treinta años después, el 1 de enero de 2018, entraría en vigor la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre), ansiada y esperada no sólo por el tiempo transcurrido, sino por la necesidad de que se realizarán cambios de calado. Así uno de los objetivos recogidos en el artículo 6 indica:

b) Mejorar las posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente de aquellas que tienen menores a su cargo y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres.

Para ello la normativa recoge la elaboración de un Plan de Inclusión Sociolaboral como:

"Un conjunto de actuaciones del proyecto de intervención social unidas a acciones concretas de carácter laboral necesarias para la integración social y laboral de las personas titulares y del resto de componentes de la unidad familiar beneficiaria de la RMISA. En su caso, podrán incluirse otras medidas en materia de educación, salud y vivienda.
El Plan de inclusión sociolaboral se diseñará de forma participada por los servicios sociales comunitarios donde resida la unidad familiar beneficiaria y el Servicio Andaluz de Empleo, en el plazo de un mes desde la fecha en que se dicte resolución de concesión de la RMISA, con la participación de la persona titular y, en su caso, de las beneficiarias."

Hasta aquí todo muy bien, pero nos topamos con la dura realidad que recoge la propia memoria publicada correspondiente al año 2018, donde de las 17.883 solicitudes concedidas y sobre las que hay que entender corresponde elaborar el denominado Plan de Inclusión Sociolaboral que conlleva dos planes por separado (el PIS Plan de Inclusión Social y el PIL Plan de Inclusión Laboral), sólo se han realizado en 137 expedientes, lo que viene a representar un 0,76% del total.

Como bien recuerda la citada memoria la Disposición adicional tercera del decreto-ley recoge una evaluación de impacto, estableciendo que:

“Transcurrido el primer año de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, la Consejería competente en materia de servicios sociales, conjuntamente con la Consejería competente en materia de empleo, realizarán una evaluación del impacto de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía en cuanto a reducción de las situaciones de vulnerabilidad, evolución de las condiciones de precariedad laboral y adecuación de la protección social a la ciudadanía, que será presentada a la Comisión Autonómica de Coordinación para su examen”.

Será muy interesante conocer, y en aras de la transparencia esperamos que se haga público, cuál es la evaluación y las justificaciones argumentadas para sólo haber alcanzado este escaso 1% de planes de inclusión, se podría decir que después de la experiencia acumulada durante 30 años los resultados esperados y las expectativas generadas eran muy altas, no se puede olvidar que cuanto mayor son las expectativas si estas no se alcanzan mayores son las desilusiones. Pero mientras, no olvidemos que son miles las personas que año a año vienen solicitando este programa, ya que alcanza una media que supera las cincuenta mil solicitudes anuales, por lo que la respuesta a de ser otra.

La imagen lo dice todo...

Hay imágenes que debieran remover conciencias, y esta que traigo es una de ellas, donde se pueden ver a responsables políticos de las tres instituciones que nos gobiernan en sus diferentes niveles competenciales: Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Málaga realizando una compra para colaborar en lo que ya ha entrado en la tradición (corremos el riesgo de que se convierta en costumbre y de ahí a que sea norma sólo resta un paso, recordemos la costumbre como fuente del derecho).

Fuente: https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20191122164003_720.webp

Como puede ser que las mismas personas que por sus responsabilidades públicas son los "responsables" (o como mínimo comparten esa responsabilidad) de que haya otras personas que necesitan de esta comida que hoy es recogida en el conjunto de España, se fotografíen demostrando su alto grado de solidaridad (cuestión sobre la que no dudo), pero que me molesta enormemente por lo que encierra de incoherente. No estamos ante personas cualquiera, sino como digo, ante las que tienen la capacidad (o se le supone) de invertir estas situaciones, seguro que los millones de personas que se encuentran en el umbral de la pobreza en España estarían mucho mejor si en lugar de hacerse fotos para "demostrar" su compromiso, realizaran políticas sociales para que este año fuera el último en que se tuviera que hacer la llamada Gran Recogida, si es así bien venida sea la foto, pero si no es así a todos y todas ellas por dignidad mejor déjenlo y dedíquense a recoger comida.

El Dato (4) No queremos una España de proletarios, sino de propietarios

Llegamos a la cuarta entrada y en esta ocasión con el problema de la vivienda, temática que se sitúa en el origen (o más bien la financiación) que sobre la misma realizó el sector bancario y que supondría la última crisis a partir del año 2008.

Más de una persona se preguntara que tiene que ver el problema de acceso a la vivienda, con el título dado a esta nueva entrada. Pero estoy convencido que a otras muchas les sonará porque se ha convertido en una frase célebre que se recoge en libros, artículos, etc. y que circula por la red.

En una labor de investigación, quise localizar y confirmar la veracidad de la frase, y la encontré. Fué en el archivo del diario ABC donde descubrí el discurso que el ministro Luis Arrese (Ministro de la Vivienda), pronunciaría ante los agentes de la propiedad en 1959, y que acompaño como imagen por si se tiene interés en leerlo.

Fuente: Diario ABC

Así que siguiendo la dinámica de las anteriores entradas, me ha parecido oportuno no sólo facilitar el discurso como anteriormente decía, sino también un dato relacionado con el alquiler.

- En 1950 el 51% de la población vivía de alquiler, en la actualidad el porcentaje sólo alcanza a un 21% (INE, 2019), menos de la mitad.

Se puede afirmar que el objetivo del discurso se impuso tras cuarenta años de dictadura. Lo que conlleva también el sentimiento de considerar a la vivienda un instrumento de especulación y de obtención de beneficios, más allá de un bien al que se tiene derecho donde su imposibilidad de acceso se considera un problema de salud pública. Pero bueno, se ve que eso tan poco importa mucho... y habrá que seguir con el mensaje de que alquilar "es tirar el dinero" y lo importante es comprarse una casa aunque luego casi no puedas "vivir" en el sentido más amplio de la palabra.

El Dato (3): Los Servicios Sociales no existieron en el debate de anoche

Anoche fuí uno de esos casi ocho millones que seguí el debate ante las próximas elecciones del domingo, y visto lo visto igual en unos meses la historia se repite, o quien sabe....

Fueron más de dos horas, con diferentes bloques temáticos, aunque hubo uno como era de esperar que fué casi columna vertebral durante todo el tiempo, y que no mencionaré, pero seguro que sabéis cual.

Y después de dos horas ¿que no se mencionó ni una vez ? Pues si el Sistema de Servicios Sociales, mira que se mencionó a la educación, a la salud, y a las pensiones pero lo considerado como el cuarto pilar se les olvidó.... aunque si se abordaron cuestiones transversales que se incorporan en el sistema pero ni uno, ni uno de los diferentes portavoces mencionó la palabra Servicios Sociales, salvo error por mi parte.

Así que me he decido por facilitar en esta ocasión algunos datos por si acaso lo desconocen, que se recogen en la última memoria del Plan Concertado del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social correspondientes al año 2017:

- el 94,69% de la población recibe cobertura por parte de los Centros de Servicios Sociales, puerta de entrada al sistema, lo que corresponde a 6.279 municipios,
- desde donde se han atendido durante 2017 más de cinco millones y medio de usuarios,
- con una plantilla de estos centros que supera las sesenta y nueve mil personas, aunque se está ante un trabajo precario ya que sólo 13.884 se encuentran en plantilla.

El sistema que atiende a más de cinco millones y medio de personas, aunque potencialmente da cobertura al conjunto de la ciudadanía, pasó desapercibido, no existe, no se acordaron, lo desconocen... Así que desde aquí una propuesta para el futuro gobierno en caso de que exista, el Ministerio de Servicios Sociales ¿para cuándo?

El dato (2): DESIGUALDAD: el 43% del beneficio de una persona, sustentaría a 293.302

En el mes de octubre se ha celebrado el día internacional para la erradicación de la pobreza, (17 de octubre), un día donde se ponen sobre la mesa datos y datos que en muchas de las ocasiones al día siguiente se olvidan, porque año tras año esto no mejora.

Recuerdo cuando se alcanzó los ocho millones de pobres en España denunciado por Cáritas, hoy según EAPN en su último informe (El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión) la cifra ha llegado a los 12,3 millones (un 26,1%) de la población.

Obviamente este es un gran problema que sufren millones y millones de personas, pero para mí la génesis de estas situaciones y de otras muchas más está en la desigualdad. De ahí que en consonancia con lo que comentaba en mi anterior entrada, ilustro con un par de datos lo dicho aquí, para esta campaña electoral:

- El señor Amancio Ortega obtuvo como beneficio en el año 2018, un montante de 3.541 millones, que no está mal (La Información.com disponible en https://www.lainformacion.com/empresas/zara-amancio-ortega-donde-logra-beneficios/6510838/).

- Según la última memoria publicada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019), el total del presupuesto ejecutado durante el año 2018 en todo el estado correspondiente a las rentas mínimas de inserción, supuso 1.500 millones (1.519.671.020,80 euros).

- Estos 1.500 millones llegaron a un total de 293.302 beneficiarios, que si se le suma las personas que dependen de ellos la cifra supone un total de 679.180 personas.

- En definitiva, sólo el 43% del beneficio del señor Amancio Ortega, puede alcanzar durante todo un año a 293.302 personas.

Por eso digo, si hay pobres es porque existe desigualdad. Y no estoy planteando para nada que este señor se ponga hacer actos benéficos desde donde pueda repartir algunos de sus millones, me refiero a la necesidad de hacer cumplir lo que en ocasiones tanto se defiende y otras se olvida, la constitución del 78, que establece un modelo de impuesto progresivo, o sea que quien más gana más paga.