En menos de quince años han estallado dos crisis que han
puesto sobre las cuerdas la protección social en España. La crisis financiera
de 2008 y la crisis sanitaria a raíz de la COVID-19, que ha promovido unas
dinámicas exclusógenas con un impacto diferencial en la sociedad incidiendo
significativamente en aquellos sectores de población más vulnerables (Arredondo y Macias, 2022).
El escenario pospandemia, podríamos pensar que se convierte
en una oportunidad para el cambio, a raíz de las experiencias vividas, así como
del plan de reconstrucción europeo. Pero muchas de las veces a vista de las
decisiones que se vienen tomando, parece que esta oportunidad para el cambio ha
sido olvidada.
Seguro que todas y todos hemos escuchado en muchas ocasiones
frases que se han hecho famosa, latiguillos que quedan bien:
No dejemos nadie a tras, o hagamos una intervención social centrada en la persona.
Como digo suenan bien y lo que nos dice es que la gente es
lo primero…
Estos días se ha hecho público el último informe de Intermon
Oxfam bajo el título:
DESIGUALDAD S.A.
El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de
una acción pública transformadora
En sus primeras líneas se puede leer:
“Desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más
ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo período, la riqueza acumulada
de cerca de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido. Las
penurias y el hambre son una realidad cotidiana para muchas personas alrededor
del mundo. A este ritmo, se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza; sin
embargo, en tan solo 10 años, podríamos tener nuestro primer billonario.”
Podemos pensar que esto no va con España, pero si, también
va…
Me rebelo cuando veo que aún se realizan recogidas de
alimentos, de juguetes y de material escolar, para menores, cuando llegan las
clases, y pienso, pero esto es real… Pero además son actividades y líneas de
acción que le encanta a la derecha y porque no decirlo también alguna
izquierda. Medidas que inciden y perpetúan la benefician, contra el
reconocimiento de derechos.
Está demostrado que sólo desde el reconocimiento de
derechos, las sociedades avanzan. Y que, en la actualidad, recordemos el
informe de Oxfam, si cabe se hace más que necesario políticas públicas para la
gran mayoría de personas. Políticas públicas que vengan a cubrir necesidades
tan básicas como tener un techo, una vivienda para generar un proyecto de vida.
Este es el gran problema que tenemos en la actualidad, un
problema que no se ha generado de la noche a la mañana, sino que se viene
produciendo desde hace muchos años. En los últimos 30 años en España el 85% de
la vivienda construida ha sido de renta libre por un 15% de protección, en
Málaga donde estamos, los datos aún son peores un 94% de renta libre sobre un
6% de protección.
Pero si nos vamos a un tiempo más corto, los últimos 4 años,
en la provincia de Málaga de las viviendas visadas el 98,4% han sido libres por
un 1,6% de protección. Como ven no es una cuestión que haya surgido de manera
imprevista, sino que viene siendo un proceso de años donde no se ha querido o
no se ha sido capaz de atajarlo reconociendo el derecho y proyectando un gran
plan de vivienda pública en el conjunto del Estado.
Pero si la vivienda es un problema y requiere de políticas
públicas, que voy a decir de la sanidad, donde el incremento en las listas de
espera afectando a miles de andaluces ó las reducciones drásticas de personal
sanitario para poder atender de manera adecuada la demanda actual, no es sino una
estrategia planificada de cara a la implantación de un sistema privado de salud
a costa del sistema público.
O en educación, con una gran oportunidad para la mejora de
las ratios en centros escolares ante la bajada de la natalidad, que no se
realiza. Abriendo las puertas con grandes facilidades a entidades educativas
privadas. Donde posiblemente es en el ámbito de la formación profesional y en
el de la universidad los que en un mayor número se están produciendo. En Málaga
ya se encuentran aprobadas dos nuevas universidades privadas las cuáles no
cumplen requisitos y parámetros en cuanto, entre otros aspectos, a investigación
y transferencia, que si es exigida a las universidades públicas, primando por
encima de cualquier variable el “negocio”. Por dar un dato la matrícula en la
Universidad Alfonso X el Sabio, una de las aprobadas para Málaga, oscilaba en
el curso 2022-23 para el grado en Medicina en 21.150 euros anuales por los
7.630 euros anuales para el grado en Nutrición Humana y Dietética. Si se
compara entorno a los 800 euros que significa el coste anual en la Universidad
de Málaga, y por ende en las universidades andaluzas, la diferencia queda más
que patente.
Y si hablaba de sanidad y educación, no puedo dejar de lado
el ámbito de los Servicios Sociales, con un sistema que sigue anclado en muchos
de los casos en modelos benefactores y de otra época: que voy a decir de la
intervención en zonas desfavorables a través de la Estrategia ERACI que aparece
y desaparece o ante la falta de personal que permita realizar adecuadas
intervenciones, y sin disponer de un catálogo de prestaciones del Sistema
Público, con una ley de Servicios Sociales aprobada en 2016 que establece que
el catálogo estaría aprobado en un plazo de 12 meses, hoy siete años después se
sigue esperando. O de la dependencia con una demora en la
actualidad de 603 días, más de un año y medio, como tiempo que se tarda en
resolver una solicitud en todo su proceso, cuando la norma establece que se
deberá de realizar en un plazo no superior a los 6 meses.
No podemos olvidar que estamos ante los denominados pilares del
estado de bienestar. Esos pilares que vienen a sujetar, a construir, una
sociedad donde prime la justicia social tal y como se recoge en nuestra
constitución, pero que se incumple en muchos de sus preceptos, y no pasa nada.
Apostar y defensar de manera tajante unos servicios públicos que den cobertura al conjunto de la
población, es poner a la gente lo primero, por que estos se convierten en garantes de la igualdad y por ende en
el mejor de los recursos para abordar la desigualdad. Y para ello es necesario
que estén dotados económicamente como se requiere, porque el problema no está
en disponer de los recursos económicos, el problema está en como estos se distribuyen
a nivel presupuestario y sobre todo en cómo y sobre quienes se aplican las
medidas de recaudación de impuestos, donde realmente lleguemos al cumplimiento
de que estos sean progresivos y quien más tiene más aporte.
El debate es vuestro.
