El Sistema de Servicios Sociales ante una 2º Ola

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-46824229

El actual Sistema de Servicios Sociales, considerándolo en el sentido más amplio, desde la realidad de su construcción y al que yo denomino como sistema"híbrido", donde a la parte pública hay que unir todo el ámbito del tercer sector y las empresas de servicio, se tardó en construir desde un punto de vista normativo diez años. En 1982 el País Vasco aprobaría la primera ley de Servicios Sociales, partiendo de que son las comunidades autónomas las competentes según se establece en nuestra constitución (art. 148.20). Y no sería hasta 1992 con la aprobación de la ley de Cantabria cuando se terminaría de armar legislativamente en el nivel competencial autonómico.

Si hicieron falta diez años para que el que conjunto de las comunidades dispusieran de la norma base sobre la que construir cada una de ellas los Servicios Sociales, tendrían que pasar 27 años (1992-2019) para que a su vez nuevamente todas las comunidades actualizarán sus primeras leyes, siendo la última la de Canarias y Andalucía que ocupó el penúltimo lugar.

Desde esta reflexión tenemos un sistema de 37 años, al que podriamos decir que siempre ha sido la "maría" de las políticas sociales, la "maría" a la hora de la distribución de las partidas presupuestarias, la "maría" a la hora de su visibilización, la "maría" para seguir manteniendo un sistema asistencialista dirigido para los "pobres", por mucho que las nuevas leyes hayan incorporado el concepto de universalidad. Un sistema que en estos 37 años de historia no se ha merecido con ningún gobierno un ministerio como tal: "Ministerio de Servicios Sociales", y efectivamente convertirse en el cuarto pilar del bienestar social.

En estos años podemos incorporar dos nuevos elementos como son la aprobación de la ley de dependencia (2006), y la crisis inmobiliaria-económica de 2008 con los gravísimos recortes que se produjeron en 2012 y de los que hoy nadie debiera de olvidarse. La ley de la dependencia sirvió en algunas comunidades autónomas para reforzar de manera indirecta, unos Servicios Sociales ya saturados de por sí, poner parches sin dar estabilidad no sólo al personal sino también a los proyectos que se vienen ejecutando desde la implantación de las Prestaciones Básicas del Plan Concertado. Pero también para generar confusión y en muchas ocasiones ser utilizada como sustitutiva del propio sistema. Por su parte los recortes pusieron en evidencia a un sistema que aún más se identificó con la pura asistencia.

Y cuando estábamos en la reflexión y el debate, sin que nadie pusiera en duda la necesidad de un nuevo Sistema de Servicios Sociales, nos llega una nueva crisis no sólo por sorpresa, sino además jamás atendida el COVID-19.

La disparidad de como se ha venido actuando por cada entidad local, desde sus competencias en la ejecución, deberá de ser evaluada a fin de valorar las medidas adoptadas, y si fueron o no las más idóneas y las más adecuadas, si efectivamente se consideró que los Servicios Sociales son esenciales y por tanto tienen que estar en total disponibilidad a la ciudadanía, desde el concepto de la universalidad no sólo para los más necesitados, para esos por supuesto, o si por el contrario nos pudo más el pánico y no saber que hacer, pero como digo no es ahora el momento de evaluar, ¿o sí?

Esperemos que en algunas semanas el estado de alarma se levantará, y esta ola que nos ha obligado a permanecer encerrados bajará y se comenzarán a ver de manera presencial, en todos los ámbitos del Sistema de Servicios Sociales, muchas de las consecuencias que hoy nos imaginamos, donde posiblemente aquellas prestaciones y servicios que se vienen ejecutando no serán ni suficiente ni podrán atender a nuevas necesidades y demandas. Pero a su vez habrá que preveer el que una segunda ola nos puede llegar nuevamente, no quiero ser catastrofista para eso ya están algunos canales de televisión. Es el momento de que el Sistema de Servicios Sociales y todo su personal, realmente se ponga en valor, de lo contrario podemos cerrar.

A evaluación la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía RMISA

Hace dos meses (4 de diciembre), publicaba una entrada bajo el título "De 17.883 solicitudes concedidas de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (en 2018), sólo a 137 expedientes se elabora el Plan de Inclusión Social y Laboral", una entrada que tuvo bastante eco en el blog e incluso en redes con algún comentario que llegó a plantear la veracidad de los datos, cuando la fuente no podía ser más oficial, la Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Memoria_RMISA_2018.pdf

La entrada venía a plantear la gran paradoja, que cada cual luego puede unir al calificativo que considere: ineficacia, inoperatividad ... cuándo una de las cuestiones más importante que planteaba el nuevo decreto de renta mínima y sobre el que la Junta de Andalucía (me dá igual de que color) difundió y difunde, como son la elaboración del Plan de Inclusión Social y Laboral sólo había alcanzado a un escaso 1% de los expedientes, según la memoria publicada correspondiente al año 2018. Y terminaba aquella entrada diciendo que: "Será muy interesante conocer, y en aras de la transparencia esperamos que se haga público, cuál es la evaluación y las justificaciones argumentadas.." pues bien dos meses después puedo decir que ya está disponible en la web de la Junta de Andalucía (nuevamente fuentes oficiales), cuál ha sido la evaluación que se ha realizado.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_evaluaci%C3%B3n_%20D-l%20RMISA.pdf

Fuente: Junta de Andalucía

Un informe de 437 páginas muy completo, vaya por delante mis felicitaciones tanto a las personas que han coordinado: Alfredo Castillo Manzano y Pilar Gil Martínez, como al equipo investigador: Carlos  Haynes Campos, Martha Daniela Heredia Talavera, Mar Llopis Orrego y Jorge Elías Ollero Perán.

Como digo un informe extenso y ambicioso del que se puede sacar un amplio abanico de ideas y propuestas, tal y como han hecho los autores que incorporan desde una triangulación como estrategia metodológica, a un análisis DAFO. He de reconocer que aún no me lo he mirado con la profundidad que haré, pero si voy a destacar algunos datos que trasladan una situación muy preocupante y lamentable de como se ha venido desarrollando la implantación de esta medida:

- Desde enero 2018 hasta marzo 2019, se han venido atendiendo como media 681 expedientes por profesional (Trabajadores/as Sociales) en las diferentes Delegaciones Territoriales. (pag. 88)

- El tiempo medio calculado para una tramitación vía ordinaria (es decir, una solicitud no tramitada por la vía denominada de “urgencia/emergencia”) es de 240 días, es decir 8 meses, período intensamente desproporcionado teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias de la RMISA y que contraviene lo establecido en el texto legal (un período de 2 meses para la resolución de los expedientes). En el caso de la vía de urgencia y/o emergencia, el tiempo medio de resolución está en 86 días, casi 3 meses, frente al período de un mes establecido en la norma (pag. 89)

- ... tan sólo el 1,67% de las solicitudes concedidas están siendo acompañadas por un Plan laboral elaborado por un trabajador o trabajadora del Servicio Andaluz de Empleo. Un total de 369 planes en toda Andalucái (pag. 110-111)

No seguiré porque cada dato no puede ser más desangelador, desde el volumen de trabajo que se ha tenido que asumir sin los recursos humanos y sistemas informáticos suficientes y adecuados, el tiempo de espera de cara a las personas solicitantes cuando esta era otra de las medidas estrella, o la confirmación de que sólo al 1,67% de las solicitudes concedidas (22.083) se le acompaña un Plan Laboral, por lo que el mismo informe indica que: "De estos datos se puede inferir una clara desconexión entre lo recogido en el Decreto-Ley y la implantación de Planes de inclusión socio-laboral". (pag. 112).

Muchas cosas a cambiar y modificar, con poco tiempo para hacerlo, mientras tanto son miles las personas que esperan en toda Andalucía.

Y ante el Día del Trabajo Social ¿tú que?

En un par de semanas celebraremos el Día Internacional del Trabajo Social (17 de marzo), tal y como se recoge en la página web del Consejo General de Trabajo Social: Como cada año las tres organizaciones internacionales (la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y el Consejo Internacional de Bienestar Social) se han comprometido a trabajar juntas para influir en las políticas nacionales, regionales y locales, las acciones de los gobiernos y para destacar el valor y las contribuciones que los y las trabajadoras sociales hacen día a día en cualquier parte del mundo. (https://www.cgtrabajosocial.es/dia_mundial_ts)

A la vez es importante recordar la definición que de Trabajo Social se consensuó en Melbourne en julio de 2014: 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.

A partir de aquí haré una reflexión que posiblemente genere su debate y su discrepancia, pero bueno para eso estamos en el 2.0, y que es una entrada de blog que no genere debate y discrepancia. 

Si celebramos este día es porque somos consciente que necesitamos de un espacio para darnos a conocer, para decir quienes somos y que hacemos, obviamente entre otras cuestiones, posiblemente otros opinen diferente: "ya tenemos el debate". El día que desaparezca esa efemérides será porque el Trabajo Social no necesita de un día en especial, al igual que el día en que dejemos de celebrar el Día de la Paz será porque no habrá necesidad de recordarla, o el Día en que dejemos de celebrar los Derechos Humanos será porque no existe motivo de reflexionar sobre ellos, y así podríamos seguir y seguir ...

Mientras tanto habrá que estar ahí sin olvidar los objetivos que nos promueven como dice la definición "...el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas ..." Pero seguiré con la provocación y la incitación al debate, ¿qué hacemos en el día a día para alcanzar estas cotas? cada uno desde su espacio claro. Están las y los que se lamentan porque esto es lo que hay y no se puede cambiar, están las y los que utilizan las redes para hacer activismo digital aunque luego nos los encuentras en ningún sitio, te dirán que están muy ocupados/as, están las y los que llevan su verdad sin rectificar, están las y los que critican y critican sin aportar soluciones, están las y los que esperan sin saber el que ... personalmente no me ubicaré prefiero que lo hagan las personas que me conocen en algunas de esas categorías o en cualquier otra que les parezca, lo acepto.

Todo ello va a depender de nuestra actitud, de nuestro comportamiento y de como asumamos el Trabajo Social, porque no olvidemos que este año como otros, se quiere: "... influir en las políticas nacionales, regionales y locales, las acciones de los gobiernos y para destacar el valor y las contribuciones que los y las trabajadoras sociales hacen día a día en cualquier parte del mundo." Nada fácil... pero quien ha dicho que el Trabajo Social lo fuera.

Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía ¿para cuando...?

Hace tres años (enero 2017) entraba en vigor la actual Ley de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 9/2016), una ley muy esperada y muy deseada, no se puede olvidar que la anterior databa del año 1988, y como en más de una entrada de este blog he recogido fueron 29 años a la espera, toda una vida, siendo la penúltima ley a nivel territorial en actualizarse.

Vivi en primera persona los diferentes borradores, las propuestas desde los colegios profesionales, reuniones y reuniones, trabajo con compañeras y compañeros, alegrías y desalientos porque no llegaba, hasta que llegó. Pude estar presente en el Parlamento Andaluz cuando se aprobó y todo fueron parabienes y buenos deseos, hoy tres años después parece que todo se hubiera olvidado y una cuestión tan importante como es el Catálogo de Prestaciones del Sistema sigue sin aprobarse, aunque eso si en la ley se recogió que en un año estaría:

Disposición adicional cuarta. Aprobación del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. El Consejo de Gobierno aprobará el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Es triste leer en la propia página de la consejería lo que se dice:

"Actualmente el citado Catálogo se encuentra en proceso de elaboración, por lo que el Decreto 11/1992, de 28 de enero, es actualmente el que establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios." (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/servicios-comunitarios/paginas/listado-servicios-comunitarios.html)

Habría que preguntar donde están los responsables, los anteriores y los de ahora o posiblemente sean los mismos, a saber, como alguien diría aquí no pasa nada. Es lamentable que sigamos siendo la comunidad autónoma con unos Servicios Sociales del siglo pasado y no son sólo palabras sino realidades, de que las promesas se limiten a eso a promesas y se siga jugando no ya con los profesionales sino con las personas, aquellas que dicen defender. Ya que otro buen ejemplo lo tenemos con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, que venía a sustituir al Ingreso Mínimo de Solidaridad para mejorar, y al final se está convirtiendo en lo mismo, aunque esto lo dejaremos para una nueva entrada.

Que no se tenga que esperar otros 29 años para disponer del Catálogo, por favor ...

De 17.883 solicitudes concedidas de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (en 2018), sólo a 137 expedientes se elabora el Plan de Inclusión Social y Laboral

En noviembre de 1990 se aprobaba el Decreto 400/1990, de 27 de noviembre, por el que se creó el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía, más popularmente conocido como "Salario Social". Posteriormente se aprobaría el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que vendría a regular el programa anterior.

Casi treinta años después, el 1 de enero de 2018, entraría en vigor la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre), ansiada y esperada no sólo por el tiempo transcurrido, sino por la necesidad de que se realizarán cambios de calado. Así uno de los objetivos recogidos en el artículo 6 indica:

b) Mejorar las posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente de aquellas que tienen menores a su cargo y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres.

Para ello la normativa recoge la elaboración de un Plan de Inclusión Sociolaboral como:

"Un conjunto de actuaciones del proyecto de intervención social unidas a acciones concretas de carácter laboral necesarias para la integración social y laboral de las personas titulares y del resto de componentes de la unidad familiar beneficiaria de la RMISA. En su caso, podrán incluirse otras medidas en materia de educación, salud y vivienda.
El Plan de inclusión sociolaboral se diseñará de forma participada por los servicios sociales comunitarios donde resida la unidad familiar beneficiaria y el Servicio Andaluz de Empleo, en el plazo de un mes desde la fecha en que se dicte resolución de concesión de la RMISA, con la participación de la persona titular y, en su caso, de las beneficiarias."

Hasta aquí todo muy bien, pero nos topamos con la dura realidad que recoge la propia memoria publicada correspondiente al año 2018, donde de las 17.883 solicitudes concedidas y sobre las que hay que entender corresponde elaborar el denominado Plan de Inclusión Sociolaboral que conlleva dos planes por separado (el PIS Plan de Inclusión Social y el PIL Plan de Inclusión Laboral), sólo se han realizado en 137 expedientes, lo que viene a representar un 0,76% del total.

Como bien recuerda la citada memoria la Disposición adicional tercera del decreto-ley recoge una evaluación de impacto, estableciendo que:

“Transcurrido el primer año de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, la Consejería competente en materia de servicios sociales, conjuntamente con la Consejería competente en materia de empleo, realizarán una evaluación del impacto de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía en cuanto a reducción de las situaciones de vulnerabilidad, evolución de las condiciones de precariedad laboral y adecuación de la protección social a la ciudadanía, que será presentada a la Comisión Autonómica de Coordinación para su examen”.

Será muy interesante conocer, y en aras de la transparencia esperamos que se haga público, cuál es la evaluación y las justificaciones argumentadas para sólo haber alcanzado este escaso 1% de planes de inclusión, se podría decir que después de la experiencia acumulada durante 30 años los resultados esperados y las expectativas generadas eran muy altas, no se puede olvidar que cuanto mayor son las expectativas si estas no se alcanzan mayores son las desilusiones. Pero mientras, no olvidemos que son miles las personas que año a año vienen solicitando este programa, ya que alcanza una media que supera las cincuenta mil solicitudes anuales, por lo que la respuesta a de ser otra.