La España real

Esta semana se ha publicado la Encuesta de Condiciones de Vida que de manera anual realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al año 2014, y en lo referente a los ingresos los de 2013. 

Como se indica en su ficha metodológica, esta encuesta se encuentra respaldada por el Parlamento Europeo en lo relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida. Así como por el propio instituto y su solvencia más que demostrada, de ahí la importancia de la misma, junto al panorama que nos describe que sigue siendo bastante desolador en cuanto a la pobreza y la desigualdad.

Aconsejo su lectura, son sólo 14 páginas, (consultar AQUÍ) porque nos hace toparnos con una realidad que recién salidos de un proceso electoral, al parecer algunos no quieren ver o simplemente prefieren esconder.

Me voy a permitir recoger algunas variables y, desde una elaboración propia, incorporar datos anteriores no recogidos en ésta, para abarcar el período de la actual crisis, con su inicio en el año 2008.

Tomando como referencia el umbral de riesgo de pobreza en hogares de una persona, éste cada vez está siendo menor, como ya he indicado en alguna entrada anterior, cada vez somos más pobres, concretamente un 10% más (9,85%) en lo que ha ido de 2008 al 2014.

Circunstancia ésta que queda constatada con los cada vez menores ingresos medios por hogar, habiéndose reducido durante este tiempo en un 13% (12,95%), lo que representa en valores absolutos 3.891 euros anuales.

Pero posiblemente el dato de pobreza sea el más significativo a la vez que llamativo, cuando éste se refiere a los menores de 16 años. Y al igual que en las variables anteriores, el incremento en los últimos años cada vez es más significativo, llegando al 30,1%, lo que supone un incremento respecto al año anterior de 3,4%, la mayor diferencia en todo el período.

Por último, referirme al dato cuando se pregunta sobre la capacidad de afrontar gastos imprevistos, y si se han tenido retrasos de pago en gastos relacionados con la vivienda, porque son dos elementos que también nos dan una bofetada, o debiera de dársela a alguien, para que despertemos y sepamos realmente de qué están hablando las personas que nos rodean, no de lo que otros quisieran que hablasen. 

En este caso la realidad sigue siendo muy cruda y el 42,4% indica que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, siendo más de doce puntos superior al dato del año 2008. Y si se llevan a los retrasos en gastos de la vivienda el incremento ha sido de 4,2%, situándose ya en el 10,2% del total.

El diagnóstico está claro, lo que hace falta es que se pase de los compromisos y promesas a las realidades, y que efectivamente todas esas medidas sociales que se han venido planteando en los últimos días de campaña electoral, donde también hay que decir que algunas no iban más allá de abrir comedores y repartir comida, que nos retrotraen a otras épocas y otros países, se traduzcan en intervenciones de transformación social, donde éstas cada vez mayores desigualdades se puedan ir reduciendo. Por ahora nada de nada, sólo palabras, y la fractura social sigue cociéndose a fuego lento.

(Publicado en revista El Observador)

Málaga a la cabeza de los desahucios en Andalucía

La semana pasada han sido nuevamente noticia diferentes desahucios producidos en nuestra provincia, en este caso en la localidad de Estepona. Esta realidad suele saltar a la palestra de los medios, cuando se dan circunstancias de carácter personal o social, como la existencia de menores, de mayores, de personas en situación de dependencia, etc.

Pero los números son mucho más contundente y vienen a mostrar que más allá del aspecto noticiable del desahucio, que ya de por si debiera de serlo, diariamente en nuestra provincia el número de lanzamientos realizados positivamente no ha hecho sino crecer, cerrando el año 2014 con una media de 9 desahucios diarios. Y situándose Málaga a la cabeza del resto de provincias andaluzas con 2.648 lanzamientos positivos (desahucios), el 32,12% del total de los producidos en Andalucía, que alcanzó la cifra de 8.242, la mayor desde el 2008. Sería un buen momento para preguntarse, ¿por qué no llega la recuperación aquí?

 Estos datos que provienen del informe que con carácter trimestral publica el Consejo General del Poder Judicial, se quedan incluso por debajo de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha comenzado a realizar su propio estudio de manera trimestral durante 2014, y que ya se dispone del total anual. Diferenciando en éste caso por tipo de inmueble, alcanzando a un total de 3.736 las viviendas en Málaga, de las que 2.686 se correspondían a viviendas ya usadas. Situándose también nuestra provincia en cabeza del conjunto de Andalucía, que llegó a las 16.275 viviendas, de las que 11.778 eran usadas.

Tras siete años desde que se inició el pinchazo de la burbuja, la situación no ha mejorado, como se puede comprobar por los datos, sino que por el contrario el pasado 2014 se realizaron más lanzamientos positivos (desahucios) que durante el 2013 y casi como en el 2012. Alguien no nos está contando toda la verdad.

Se puede decir que paro y desahucio van de la mano, a mayor número de paro mayor número de desahucios por tanto a menor número de paro menor número de desahucios. Pero esta correlación en estos momentos no se cumple, ya que hay que incorporar un tercer elemento, los ingresos que se producen por las contrataciones realizadas, y éstos no es que rocen la precariedad sino que en muchos de los casos se pueden denominar de tercermundista, con costes por hora de trabajo inferiores a los 5 euros y con rentas media por personas inferiores a las que se tenían en el año 2007.

De ahí que sólo con la variable del empleo, para hablar de recuperación económica es faltar a la verdad, e intentar engañar al conjunto de los ciudadanos. Tal y como se pueda comprobar por la Encuesta de Condiciones de Vida, donde se incrementan los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y los que han tenido algún retraso en gastos relacionados con la vivienda, entre ellos el de la hipoteca o el alquiler.

No es momento para hacer trampas al solitario, sino para hablar con la mayor transparencia, rigurosidad y sinceridad, con medidas reales que efectivamente vengan a solucionar el drama de dejar a una familia en la calle.

(Publicado en Revista El Observador)

Los Servicios Sociales ante las próximas elecciones autonómicas

A esta altura recordar que el próximo domingo 22 de marzo se celebran elecciones al parlamento andaluz igual resulta un tanto reiterativo, pero por si acaso alguno/a aún no se ha enterado.

Estas elecciones autonómicas, si hacemos cierto caso a las encuestas que nos vienen facilitando diferentes medios desde hace meses, van a suponer un cambio radical en cuanto a los grupos políticos que hasta el momento han estado presentes en la cámara andaluza, ya que prevén que puedan entrar algunos nuevos, dando origen a un cambio en la correlación de fuerzas hasta el momento.

Durante todo este tiempo de campaña, y el que nos espera hasta final de año con el resto de convocatorias electorales, hay una temática que casi se convierte en muchos de los casos en estrella, las llamadas políticas sociales. Aunque a veces resulta penoso escuchar definiciones, conceptos y argumentos, por personas y grupos políticos que dicen defenderlas, ya que lo realizan con una falta de rigor y confusión que a veces uno no sabe si es desconocimiento o dejadez.

Estoy convencido de que si a los políticos le dijésemos que definieran conceptos y por decir algunos: política social, acción social, servicios sociales, dependencia, inclusión social, renta básica, salario social, rentas mínimas de inserción…no sé dónde se quedaría la nota pero me temo que más de uno y una suspenderían. A veces uno acude a reuniones y hay que mirar a otro lado ante el desconocimiento que se tiene del que es el cuarto pilar del Bienestar Social en España, porque no todo es lo mismo, ni todo quiere decir lo mismo.

De ahí que en un ejercicio de pedagogía, desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social se han consultado los programas de gobierno disponibles en las diferentes web de los partidos políticos, ubicando la alusión que realizan o no, a una serie de ejes que se han considerado fundamentales y que se recogen en el documento Compromisos para garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía. Como posicionamiento que realiza la profesión de Trabajo Social ante éstas elecciones, con más de 5.000 colegiados en la comunidad, y con un conocimiento sobre la realidad que la da la atención que de manera directa se realiza a las personas que acuden a los diferentes recursos sociales en el día a día. Cifras que sobrepasa el millón de personas anualmente en nuestra comunidad, y que han supuesto incrementos en los últimos años en torno al 76,6%.

Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social, se ha querido realizar un ejercicio de transparencia y clarificación en las propuestas que se plantean por parte de los diferentes grupos políticos. Ya que tal y como se recoge en el documento mencionado Hoy en día el Sistema Público de Servicios Sociales no da respuesta a la creciente demanda de asistencia que la población le plantea: faltan recursos, los servicios están desbordados, las listas de espera se han duplicado, y triplicado en muchas poblaciones, y ni tan siquiera se puede garantizar la cobertura de las necesidades más básicas.

Por eso es hora de que al abordar el Sistema de Servicios Sociales, se haga con conocimiento de lo que se está hablando, y de que no sólo obtenga cierto protagonismo en precampaña y campaña, pero que una vez pasado ésta siga siendo la hermana pobre o la maría de las asignaturas, cuando hay que definir y aprobar políticas o distribuir el presupuesto. (Acceso al cuadro comparativo de los diferentes grupos políticos)

(Publicado en Revista El Observador)

La nueva ley de Servicios Sociales, nuevamente en el cajón

En más de una ocasión he abordado desde éstas líneas la necesidad que urge en Andalucía de que nos dotemos de una nueva ley de Servicios Sociales, que venga abordar la realidad actual y que todo su proceso sirva para generar el debate oportuno de que Sistema de Servicios Sociales queremos. Son veintisiete años de la actual (1988), y varios intentos y borradores en las dos últimas legislaturas, sin que al final se haya conseguido.

El adelanto electoral vuelve a enviar al cajón el último borrador que fue presentado en el mes de agosto, con cierta premeditación estival, que obligó a mucha/os compañeras/os a dejar las bermudas, el bañador e incluso días de vacaciones, para que en septiembre y desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social, presentáramos más de 177 alegaciones al proyecto, fueron reuniones intensas de trabajo por las diferentes provincias de Andalucía. (Para consultar las  alegaciones)

De todo ese esfuerzo final, ya que desde la profesión venimos debatiendo y trabajando en un nuevo modelo desde hace años, realizando su presentación en el propio Parlamento la pasada primavera y estando convencido que fue lo que motivo para que el gobierno andaluz presentará su propuesta varios meses después. Hoy el Trabajo Social no puede sino que sentirse nuevamente desilusionado, al ver como un compromiso tan importante no ya para la profesión, sino para el conjunto de los ciudadanos, que sufren una mayor vulnerabilidad, no se ha cumplido.

Hay que reconocer el esfuerzo por intentar que los recortes drásticos e injustos que el gobierno central ha realizado durante los últimos años en el conjunto de España, desde el gobierno de coalición en Andalucía se han intentado mitigar. Pero eso no es óbice para reivindicar que la situación social andaluza, sigue estando a la cola del resto de comunidades, y que el Sistema de Servicios Sociales no puede seguir siendo la hermana pobre de todos los gobiernos, con visiones asistencialistas y centradas en prestaciones con escasos recursos económicos.

Cuando tenemos un llamado salario social, (Ingreso Mínimo de Solidaridad) que data del año 1999 sobre el que urge una reforma en profundidad, o su total desaparición y la sustitución por la tan demanda Renta Básica. Con más de 65.000 solicitudes presentadas en el año 2013 que suponen un incremento del 30,2% con respecto al año 2011 (como referencia a la actual legislatura) y que en estos momentos tienen una demora en cuanto a resoluciones y pagos que fácilmente puede superar los ocho meses.

Pero si miramos otros indicadores, en este período el 55% de la población indica que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, y más del 46% tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes. Circunstancia que está en la génesis para que el 12% de las familias andaluzas tenga retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. Lo que nos lleva a las más de 120.000 ejecuciones hipotecarias (inicio del proceso de desahucio), producidas en Andalucía desde que estalló la burbuja inmobiliaria. Mientras tanto sólo se han calificado como vivienda de protección 49.000 en estos años.

Pero si hay un factor clave ante ésta situación ese es el del desempleo, y tristemente al igual que en otros indicadores sociales, en este tan poco Andalucía sale bien parada, con una tasa actual de paro del 34,23% (último trimestre 2014). Que si profundizamos en la misma por rangos de edad, respecto a los menores de 25 años nos situamos en un 58,97% donde sólo nos superan Castilla-La Mancha y Canarias, pero si el rango de edad se sitúa en el de 25 a 54 años nos ponemos con la mayor tasa de paro a nivel nacional al igual que si el rango de edad es de 55 y más años.

No es mi intención caer en la prepotencia y que se pueda entender que desde los Servicios Sociales vamos a solucionar todas estas situaciones, que no vienen sino a generar fractura social, desigualdad y pobreza, donde cada vez son más los ciudadanos que se ven afectados. Un millón de usuarios acudieron a los Servicios Sociales en Andalucía durante el año 2011, ya que no se han vuelto a publicar memorias de años posteriores.

Por eso la urgencia de la reflexión y el debate para diseñar un nuevo Sistema de Servicios Sociales, que vaya dando mejores respuestas y con mayor capacidad. Donde se aborde por qué otras áreas de gobierno no debieran de estar incorporadas en los Servicios Sociales, como empleo o vivienda, o el tan constante debate de la coordinación socio sanitaria, donde la ley de dependencia es un elemento central.

Si no es así seguiremos con la gran mayoría de programas supeditados, después de casi treinta años, a subvenciones, muchas de ellas condicionadas a veces por dispuestas políticas y sobre todo por la capacidad presupuestaria. De ahí la necesidad de que en ese debate se clarifiquen los derechos subjetivos de obligado cumplimiento, y no dejando necesidades básicas como la alimentación o el alojamiento, en manos de la caridad y las buenas acciones de ciudadanos y entidades solidarias. Donde todo el sector especializado, principalmente constituido por entidades, asociaciones y empresas de servicios, que atienden a: menores, discapacitados, adicciones, mayores, etc., se encuentren integrados y coordinados de manera eficiente.

Como dije en alguna reunión, creo que ha llegado la hora de que los Servicios Sociales digan que quieren ser de mayores.

(Publicado en Revista El Observador)

IPREM / Salario mínimo

Comenzamos un nuevo año y todo se actualiza, todos hacemos propósitos de mejora y nos marcamos objetivos para ser más felices, o por lo menos lo intentamos, aunque a veces no nos dure mucho tiempo, pero no perdamos ese interés que nos obliga a alcanzar metas y superarnos en el día a día.

En esa actualización y en el ámbito social hay dos conceptos que van afectar de cara al cálculo de prestaciones, me refiero al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), y al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los cuáles, sobre todo el SMI, son objeto de debate y noticia en las últimas semanas.

Pensando en todo lo que se escribe y de cara a intentar facilitar una visión lo más pedagógica y clara posible, sobre la realidad de lo que suponen estas cifras, me ha parecido interesante radiografiarlo haciendo un comparativo sobre cuál ha sido su trayectoria en el tiempo que llevamos de crisis (desde el año 2008). No quedándome tan sólo en un puro incremento o disminución desde el valor más absoluto, sino verlo y compararlo en otras variables temporales.

Por lo que respecta al primero el IPREM, que sirve para hacer el cálculo de determinadas ayudas, subvenciones públicas y diferentes prestaciones como indicaba, su incremento en estos últimos años (2008 al 2015) se ha quedado en los 15,61 euros, lo que supondría 2,23 euros por año. Pero si nos fijamos en lo que ha supuesto el incremento en lo que respecta al coste día este ha sido de tanto solo 0,52 céntimos.

Pero si estas cifras nos pueden parecer exiguas que no vienen a cubrir las necesidades reales de la población, en lo que respecta al SMI los importes son los siguientes, si consideramos las mismas variables durante el mismo período:

En este caso tenemos que el SMI se ha visto incrementado en 48,60 euros, lo que vendría a suponer 6,94 euros al año. Pero si este importe se observa en lo que ha sido el incremento respecto al coste por día ha supuesto en los siete años 1,62 euros, pero si también lo vemos respecto a cuánto ha supuesto sobre el coste hora de un día de trabajo nos lleva a que ha sido de tan sólo 0,20 céntimos.

Estas cantidades tendrían que incrementarse en dos mensualidades más, que son las correspondientes a las dos pagas ya que el SMI conlleva catorce. En todo caso se estaría en un incremento en lo que es por ejemplo a nivel de coste hora de 0,45 céntimos más, por lo que el coste definitivo por hora trabajada para el año 2015, se eleva a la cantidad de 3,15 euros.

Creo que la reflexión está servida …

Pero si alguien puede tener dudas para qué sirve el SMI, copio literal lo que indica el artículo 1 del real decreto por el que se establece su cantidad para este 2015 (RD 1106/2014, de 26 de diciembre).

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,62 euros/día o 648,60 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.

Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.

(Publicado en Revista el Observador)