En unos días alcanzaremos los cuarenta y un año desde que se celebró el referéndum de autonomía de Andalucía (1980). Una jornada que se convirtió en histórica por lo trascendental de la misma, y desde entonces cada 28 de febrero es conmemorado como el día de la comunidad autónoma. Como dice el Kanka al cantar Andalucía: "La surrealista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero".
Andalucía es la comunidad de mayor tamaño territorial del conjunto del estado, la que tiene más población, la segunda tras Castilla y León con mayor número de provincias (8), con salida al mar en cinco de las ocho, y podríamos continuar con lo recogido en el Atlas de Historia Económica de Andalucía de cara a desmentir mitos y falsas creencias, uno de ellos el de la industrialización. Así se recoge que la comunidad "sí tuvo un despegue industrial relevante en el contexto nacional y a mediados del siglo XIX aportaba el 18% a la actividad del país". Pero luego vendrían los años oscuros sobre todo tras la guerra civil, y Andalucía pasaría a la cola en cuánto a índices sociales, educativos, sanitarios, etc., con los que aún hoy se conviven.
El Trabajo Social como profesión que tiene entre sus fines abordar aquellas situaciones-problemas, que interfieren de cara alcanzar cotas de bienestar, tanto a nivel individual, familiar y comunitario desde la defensa de la justicia social, la igualdad, los derechos humanos ... en Andalucía siempre ha tenido y tiene mucho que hacer y decir. El potencial profesional del Trabajo Social es clave para la estructura colegial, con ocho colegios profesionales que aglutinan a más de 5.000 personas. A la vez que en lo académico es la comunidad que mayor número de universidades tiene (7), que imparten la titulación, según la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social. Por lo tanto un peso en lo profesional y en lo académico que debe ser reflejo en el día a día.
El marco normativo es el eje que debe servir para la ejecución de las políticas sociales, convirtiéndose en el motor que venga a engrasar la maquinaria de la acción social, donde el Trabajo Social se sitúa como profesión de referencia en Andalucía (art. 31). En 2016 se aprobaría la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, segunda ley desde la CE (1978), una ley esperada y deseada tras veintiocho años de la primera (Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía). Esta ley vendría actualizar entre otras cuestiones el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que según se recoge en su prólogo "definirá cada uno de los servicios y prestaciones ofrecidas, su ámbito y alcance, las condiciones requeridas para acceder a los mismos y su disponibilidad dentro del sistema, de tal forma que todas las personas puedan conocer de manera transparente en qué medida se adaptan a sus circunstancias personales." Un aspecto el del catálogo de máxima importancia (se cita en 43 ocasiones en la ley) y al que se le dedica un artículo específico el 41, indicándose en la Disposición Adicional cuarta "El Consejo de Gobierno aprobará el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley." Pero a día de hoy cinco años después de haberse cumplido el plazo estipulado en la ley, sigue sin aprobarse y por tanto avances que se recogen en la ley imposibles de ejecutar.
Aunque esta incapacidad y falta de interés en hacer cumplir una normativa con rango de ley, se intenta difuminar con discursos de lo que llamo las "modas", y en la actualidad la moda está en barnizarlo todo con la palabra "innovación", basta incorporar este término para hacer olvidar los índices de desigualdad, de pobreza, las colas del hambre, las listas de espera en los servicios sociales comunitarios, la falta de un trabajo en la calle y con la gente de diagnóstico y de detección, en definitiva de prevención, la modernización tecnológica real, la necesidad de vivienda, las listas de personas en situación de dependencia con derecho reconocido, la emergencia social, la burocratización, la falta de plazas en residencia o en la atención a menores, la dignificación del trabajo que realizan las auxiliares de ayuda a domicilio, la paralización de programas y proyectos supeditados a subvenciones, y un larguísimo etcétera. El Trabajo Social Andaluz, se tiene que enfrentar a estas realidades en su día a día, desde la ética profesional a la que nos debemos.
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