Trabajo Social en España, de 1968 a 2022, en treinta y cuatro palabras

He tenido la posibilidad de participar en la elección de los tres últimos títulos que se han puesto a los congresos estatales de Trabajo Social por parte del Consejo General, el de Marbella (2013), el de Mérida (2017) y el próximo a realizarse en Ciudad Real (2022). Una experiencia gratificante, llena de simbolismo por lo que representa, y de cierta responsabilidad. El último elegido para el congreso que se celebrará el próximo año ha sido: "Trabajo Social en esencia. Cambiar para avanzar, crear para crecer" (enlace a la página web del congreso). Un título con la presencia de las palabras Trabajo Social y luego términos cargados de mucha profundidad, como: esencia, cambio, avance, crear y crecer, palabras que bien pudieran formar parte del concurso "Diga una palabra que defina al Trabajo Social".

El conocer cuáles han sido los títulos de los congresos, nos puede dar pistas y situar en las intenciones que se pudieron tener en cada momento para definirlo de tal o cual manera, formando parte de la construcción y del camino por el que el Trabajo Social se ha ido impregnando en los últimos cincuenta años. Un trabajo, con los congresos como elementos de estudio, que Morán y Díaz (2016), publicaban en la revista Documentos de Trabajo Social, donde abordan el recorrido de la profesión desde "Un análisis socio-histórico desde las aportaciones a los Congresos Nacionales de Trabajadoras/es Sociales 1968-2013". O el compañero recientemente fallecido, Manuel Gil, a la vez que hago un reconocimiento a su persona.

En este caso y considerando sólo los títulos de los trece congresos realizados hasta la fecha (catorce con el del próximo año), que se recogen en la siguiente tabla:

AÑO	TÍTULO
1968	El asistente social y la evolución del Trabajo Social
1972	Acción Social y Trabajo Social
1976	Política de Acción Social
1980	Bienestar Social, ¿una utopía?
1984	Trabajo Social: reto de hoy
1988	La intervención profesional en la Europa sin fronteras
1992	Trabajo Social en el cambio del milenio
1996	Trabajo Social: Compromiso y equilibrio
2000	Definición de funciones. Formación superior. Deontología
2004	Un mundo, mil culturas. Globalicemos la solidaridad
2009	Trabajo Social: sentido y sentidos
2013	La intervención social en tiempo de malestares
2017	Construyendo comunidades sostenibles: dilemas y retos
2022	Trabajo Social en esencia. Cambiar para avanzar, crear para crecer

Desde un análisis de los términos elegidos se llega a la conclusión que las palabras más utilizadas han sido Trabajo Social (siete menciones), y con dos menciones: acción social, intervención, sentido, cambio y retos. Lo que permite elaborar un nuevo título, el título de los títulos: "El Trabajo Social, de la acción social, pasando por la intervención con sentido, con el cambio como reto". El resto de palabras, hasta llegar a las treinta y cuatro que se han recogido en todos los títulos, sólo se repiten en una ocasión. No sabría decir si 34 son muchas o pocas, y si efectivamente son las suficientes para definir medio siglo de profesión, esa cuestión la dejo para el debate veraniego.

Nos vemos en Ciudad Real ¡¡¡

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Por un Trabajo Social “provocativo”

Fuente: Consejo General del
Trabajo Social

La profesión de Trabajo Social ha promovido y promueve valores sociales de máxima importancia, de ahí que:

… definir el trabajo social, o continuar definiéndolo en nuestros días, como herramienta o instrumento es reducir nuestra identidad al campo de lo técnico, a la mera práctica, a la vez que se nos concede, a mi modo de ver, un papel encorsetado y obsoleto (el de solucionadores de problemas), unas responsabilidades que exceden de alguna manera las capacidades de cualquier mortal, un poder ostentoso y obcecado. (Martín, 2009: 230)

El Trabajo Social ha estado presente, aunque posiblemente no lo suficientemente visible ya que se ha ubicado en los espacios de la beneficencia y el voluntarismo, en aquellas situaciones donde la ciudadanía ha requerido de una intervención de cara a conseguir mejoras sociales.

En la investigación realizada por Giménez y Doménech (2012), respecto a indicadores de calidad en los Servicios Sociales, donde no se puede olvidar que el Trabajo Social se sitúa como profesión de referencia, se indica que: “… los usuarios destacan tres componentes fundamentales en la práctica profesional de calidad en los Servicios Sociales de Atención Primaria: las habilidades, las actitudes profesionales y las cualidades personales.” (p. 443). Como se puede comprobar son cuestiones que se encuentran en la declaración de principios éticos de la profesión. Por tanto, es una evidencia más de la necesidad de que la intervención debe de transitar por estos parámetros, donde un cambio de paradigma se hace necesario y estamos obligados a intentarlo, superando tanto las mochilas personales como las presiones y entorno social en el que se desarrolle la labor profesional y académica donde la justicia social y las personas se deben de situar como referente de la acción diaria.

Tanto las situaciones personales, familiares y comunitarias, como los principios éticos de la profesión, nos interpela y nos sitúa en la disyuntiva de un Trabajo Social “provocativo”, desde:

• El compromiso y la acción visibilizando y contraponiendo al poder, las realidades sociales, con propuestas que hablen de derecho y no de subsistencia ni beneficencia. 
• No formando parte ni contribuyendo a la construcción y mantenimiento de aquellas situaciones que perpetúen todo lo contrario a la declaración de principios éticos.

Donde la academia, que forma y prepara a los futuros profesionales, es fundamental en este proceso. No consiste en estar “con los pobres”, consiste en cambiar las situaciones que hacen que se mantengan e incrementen la pobreza y la desigualdad.

Por ende, se ha de aportar y estar presente en la construcción de un mundo más igualitario, donde la profesión de Trabajo Social no puede pasar inadvertida sino por el contrario debe de situarse en vanguardia y ser protagonista de los cambios que se avecinan, impulsándolos desde la óptica y los principios que nos definen, ante un sistema caduco con dos cuestiones claves en la actualidad, la revolución tecnológica y el cambio climático. De ahí que un Trabajo Social más transformador que nunca se hace necesario, porque no se puede desligar lo que decimos ser, de lo que hacemos. Lo que nos obliga a repensar sobre la labor de nuestro día a día, en los espacios personales y laborales, en los espacios de participación donde superar lo individual y personal, para abordar desde lo común. 

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Un cuarto de millón de viviendas en ejecución hipotecaria desde 2014

En 2014 el Instituto Nacional de Estadística (INE), comenzaría a ofrecer con periodicidad trimestral "... información sobre las certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los Registros de la Propiedad". Una información que "... se obtiene a partir de los datos contenidos en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) suministra de forma centralizada la información al INE." Por lo tanto se está ante una fuente totalmente fiable que nos permite tener una radiografía respecto a la situación dramática en la que se encuentran miles de personas que no pueden hacer frente al pago de su vivienda (INE, 2021).

En este tiempo el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas ha alcanzado las 266.626, más de un cuarto de millón de viviendas. De las que 154.021, el 58%, ha correspondido a viviendas de personas físicas, y un 42% a viviendas de personas jurídicas. Pero si se profundiza en las viviendas de personas físicas, se obtiene que de estas el 77% se ha correspondido con la vivienda habitual, llegando a las 118.224. Y aunque el número de viviendas de personas jurídicas estaban siendo las más afectadas desde mediados de 2017, esta tendencia tuvo un vuelco en el último trimestre de 2020 y se ha vuelto a confirmar con los datos del primer trimestre de 2021, donde las viviendas de personas físicas han representado el 75% del total, siendo casi todas ellas consideradas como vivienda habitual, señales que marcan un camino complejo para los próximos trimestres.

Mientras estos datos reflejan la debilidad de muchas familias que ante la situación económica actual no pueden hacer frente al pago de la vivienda, con una situación precaria arrastrada desde la crisis de 2008 sin haberse resuelto en lo que al acceso a la vivienda respecta, nos encontramos con que durante todo este tiempo (2014-2021), el número de viviendas de protección finalizadas como alternativa habitacional sólo ha llegado a las 55.571 (Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 2021), ni el cincuenta por ciento de las viviendas habituales con ejecución hipotecaria. 

Pero junto a esta situación el INE (2021), también ha hecho público los datos del número de viviendas turísticas en España a febrero de 2021, llegando a las 294.698, casualmente casi las mismas viviendas que han tenido una ejecución hipotecaria como se ha comentado anteriormente. Para nada es que esté realizando ni una comparación, ni justificación, ni argumentando que con las viviendas turísticas actuales se podría dar cabida a todas las familias que no pueden acceder a una vivienda, simplemente constatando un dato empírico y objetivo. Mientras que en estos años sigue sin resolverse el dar cumplimiento a un derecho humano, España si ha sido capaz de generar un parque suficiente de viviendas utilizadas para hacer negocio, algo no funciona.

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Ante la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA)

En diciembre de 2017 se publicaba una norma tan esperada como en su día fue la nueva ley de Servicios Sociales de Andalucía, que tras cuatro años de su aprobación aún sigue en pañales, en este caso me refiero al Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, (RMISA).  Una norma que venía a sustituir al llamado Salario Social (Decreto 400/1990, de 27 de noviembre, por el que se creó el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía), puesto en marcha en los años noventa, de ahí su tan esperada aprobación más allá de dar cumplimiento al propio estatuto de Andalucía cuando en su artículo 23.2 se indica: "Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley."

Hoy tres años después y tras poder leer las memorias correspondiente a los años 2018 y 2019 de la RMISA, y a casi un año de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), salvando las diferencias, se pueden llegar hacer algunas consideraciones.

La RMISA nuevamente no ha cubierto las expectativas generadas, y a los datos me remito, por aquello de utilizar variables objetivas. Si había dos elementos claves e incluso se podrían denominar como novedosos en esta nueva norma, son la necesidad de que toda solicitud lleve aparejada la elaboración de un Plan de Inclusión Social (PIS) y de un Plan de Inclusión Laboral (PIL), el primero realizado por los Servicios Sociales Comunitarios y el segundo por el Servicio Andaluz de Empleo, pero la realidad empírica es tozuda. Así del total de solicitudes aprobadas en estos dos años (2018 y 2019), que ha ascendido a 32.716 sólo en el 59,95% de los casos se ha elaborado el PIS, pero es que el PIL no ha llegado ni al uno por ciento habiéndose quedado en un 0,76%, un total de 250 planes sobre las más de treinta y dos mil solicitudes, realmente "un escándalo", que se puede apreciar en la siguiente imagen.

Fuente: Elaboración propia a partir memorias Junta Andalucía RMISA (2018 y 2019)

Puede ser que cuando se hagan público los datos del año 2020, atípico por todo lo que ya sabemos en relación con la pandemia, estos datos pudieran mejorarse pero me temo muy mucho que no será así, cuando es sabido que la Junta de Andalucía tras la entrada en vigor del IMV, si la RMISA ya iba lenta ahora que cada cuál saque su conclusión. 

Según los datos publicados en marzo pasado por la Seguridad Social en Andalucía se habían concedido 66.086 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital, por un ingreso mensual medio de 460 euros (la RMISA para 2021 se ha situado en 440,62 euros, un 78% del IPREM), por 32.716 solicitudes concedidas entre los años 2018 y 2019 de la RMISA, por lo que el IMV ha duplicado estas solicitudes lo cuál viene a establecer una radiografía mucho más cercana respecto a la situación socio-económica de las familias en nuestra comunidad.

No quisiera aburrir con tantos datos, pero el hecho cuantitativo me parece de primer orden para poner la evidencia de que estamos muy cercano a que más de cien mil familias en la comunidad autónoma de Andalucía, requieren de una intervención que más allá de social sobre todo es de necesidad económica, de subsistencia para sobrevivir. No se puede obviar a lo que me refería al inicio de la entrada, ya que no se está ante una prestación cualquiera sino ante la necesidad de dar cumplimiento a la máxima norma que rige la comunidad de Andalucía como es su estatuto, cuando en el mismo se recoge el derecho a una renta básica, y que superando clichés debe de convertirse en un aspecto universal sin cortapisas ni condicionantes.

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Cómo utilizar la tecnología para ayudar a las personas sin hogar

Protesta a favor del derecho a la vivienda digna (Madrid, 2019). Shutterstock / Photopoems

Rafael Arredondo Quijada, Universidad de Málaga

El problema de acceso a la vivienda es una realidad aún no resuelta en España. A él han contribuido las diferentes crisis sufridas desde los años 70, la más reciente la de 2008. Según el CIS, en el 2007 llegó a situarse como la principal preocupación de los españoles.

La situación actual de pandemia sigue reflejando las dificultades de la población para acceder a una vivienda. Solo en la comunidad autónoma de Andalucía existían a 31 de diciembre de 2020 un total de 64 471 solicitudes activas de personas demandantes de una vivienda de protección.

Más recientemente, el INE ha publicado los datos correspondientes a las ejecuciones hipotecarias de 2020. Indican que se ha producido un incremento del 27,4 % en las viviendas de personas físicas. Un asunto, el de los desahucios, que también pone en evidencia esta problemática.

En el caso europeo, la crisis habitacional golpea ya a setenta millones de personas mal alojadas. De ellas, cerca de dieciocho millones se encuentran desahuciadas y tres millones sin techo).

En el continente americano, un millón y medio de estadounidenses podrían perder su vivienda cada año. En Nueva York, los tribunales de vivienda tramitan 350 000 procedimientos anuales.

Miles de personas sin hogar

La vivienda de protección juega un papel fundamental en los procesos de inclusión social, sobre todo en sectores vulnerables. Sin embargo, el parque de vivienda pública está bajo mínimos en España. Según el Defensor del Pueblo, se sitúa entre el 1 % y el 1,19 %, con una política que se puede denominar contra-cíclica.

Uno de los sectores afectados de manera directa por la falta de vivienda y la imposibilidad de acceso son las personas sin hogar que por diversas circunstancias se ven durmiendo en la calle.

La no disponibilidad o imposibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada genera exclusión residencial. Coloca a los ciudadanos que la sufren en una situación de inferioridad respecto al resto de la sociedad.

Según la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020, existen más de treinta mil personas (33 275) que duermen diariamente en la calle o en algún recurso asistencial público o privado.

Además, los datos revelan un incremento del 66,23 % en el número de usuarios que utilizaron la red de alojamientos en el período de 2006 a 2018. Este aumento sugiere que la cifra de personas sin hogar podría seguir creciendo, favorecida por la situación de pandemia y de crisis social que ya vivimos, y la que se avecina

El modelo de intervención destinado a este colectivo, basado en albergues y otros recursos asistenciales no solo resulta obsoleto, sino que se ha demostrado incapaz de proporcionar una solución.

Necesitamos abordajes más centrados en facilitar necesidades básicas temporales que en hacer cumplir el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. En el sistema de intervención actual, definido en escalera, el usuario asciende de peldaño conforme va cubriendo etapas previas y sitúa la vivienda en un último escalón prácticamente inalcanzable.

Acciones para combatir la brecha digital

La incorporación de aspectos tecnológicos en la intervención, situando la vivienda y la atención a la persona como elementos centrales, permitiría una visión diferente. Posibilitaría nuevas líneas de acción y acercaría el objetivo último al primer nivel: disponer de un espacio que se configure como hogar.

A la vez se estarían abordando cuestiones como la brecha y el analfabetismo digital en una población de máxima vulnerabilidad. Estas personas necesitarán aprender destrezas digitales en los procesos de inserción sociolaboral en una sociedad cada vez más tecnificada.

Cuestiones como el acceso a internet en los domicilios o la facilitación y el aprendizaje de medios electrónicos debería ser algo incuestionable. La tecnología podría ser utilizada como recurso de cara al seguimiento y el acompañamiento. Por ejemplo, las aplicaciones de mensajería instantánea permitirían una comunicación veinticuatro horas.

La implementación en el ámbito de la vivienda de medios que faciliten la intervención en colectivos vulnerables puede ser un paso más para afrontar el problema de acceso a la vivienda de manera diferente. La meta es entenderlo como un derecho y no como un objetivo alcanzar.

Rafael Arredondo Quijada, Trabajador Social, profesor en los Grado de Trabajo Social y Criminología de la Universidad de Málaga. Vicepresidente del Consejo General de Trabajo Social, Universidad de Málaga

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

(Disponible en formato podscat a través de https://www.ivoox.com/como-utilizar-tecnologia-para-ayudar-a-las-audios-mp3_rf_69725980_1.html)