domingo, 1 de mayo de 2016

Primero de Mayo y Trabajo Social



Hablar del primero de mayo es hablar del Día Internacional del Trabajo, que en esta ocasión bajo el lema “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y Derechos”, viene a poner sobre la mesa una realidad cada vez más visible, personas que aún con un trabajo se encuentran en lo que denominamos umbral de pobreza. Algo impensable hace años, que va a suponer una modificación en cuanto a los criterios y variables a tener en cuenta para definir factores de vulnerabilidad y/o exclusión, ya que el tener un empleo no está siendo un elemento suficiente de protección.

Las y los Trabajadores Sociales lo sabemos bien, porque diariamente nos hacemos eco de miles de problemáticas personales, grupales y familiares, donde la pobreza, el empleo y los salarios muestran su cara más dura. Pero la misma profesión lo viene sufriendo año tras año.

Hace unas semanas publicaba que las plantillas de Trabajo Social en Andalucía se habían visto menguadas desde el año 2009 hasta el 2014 (último dato conocido), en un 29%, donde las provincias de Granada y Almería aún superan esta cifra con un 36,10% y un 32,82% respectivamente.  Lo que ha venido a generar un incremento a su vez de la ratio de personas atender del 46%. Información que pude trasladar a la propia Consejera y a la Presidenta de la Junta de Andalucía, en la reunión que desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social mantuvimos el pasado lunes 25. 

 

Fuente: Memorias Plan Concertado años 2008 a 2014 Junta de Andalucía


Pero no sólo la disminución de profesionales es una problemática abordar con urgencia, sino también la precariedad e incertidumbre laboral en que la inmensa mayoría de ellos se encuentran.

En 1988 cuando el Sistema de Servicios Sociales inicia sus pasos, el cien por cien de los profesionales formaban parte de las plantillas y de la estructura, pero esta situación sólo iba a durar dos años, ya que a partir del año 1990 se generaba la posibilidad de establecer otro tipo de relación laboral, como bien se recoge en las memorias del Ministerio, con personal no perteneciente a estructura sino que contratado específicamente para programas y en muchos de los casos dependiente de empresas de servicios. Modelo en el que Andalucía se ha destacado, ya que mientras la profesión de Trabajo Social a nivel estatal se encuentra en un 77% perteneciente a la estructura y en un 23% a programas, en Andalucía el personal en plantilla sólo llega al 16% y el correspondiente a programas al 84%. Que como resultado viene generando años y años de incertidumbre de los cientos de miles de profesionales que no saben si al año siguiente continuaran en su puesto de trabajo, ya que todo dependerá de si se renueva o no el programa, si se convoca o no la subvención.

Esta radiografía nos hace tener un sistema como solemos decir cogido con alfileres, y la actual crisis está dejando buena cuenta de ello, ya que a duras pena lo estamos manteniendo. Es momento de que se pase de las palabras a los hechos, y desde la conciencia de que son muchas las necesidades y escasos los recursos, se establezcan prioridades y modelos de gestión donde el próximo 1 de mayo no se tenga que exigir “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y Derechos”.
 


 


domingo, 10 de abril de 2016

Andalucía, segundo año, a la cabeza de las Ejecuciones Hipotecarias



Desde hace dos años el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), viene facilitando con carácter trimestral, el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los registros de la propiedad.

El concepto de ejecución hipotecaria refiere a un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca. (INE, 2014).

En dicha estadística se recoge entre otras variables el número de viviendas que se registran, considerando los siguientes tipos de vivienda, según se específica en la ficha metodológica:

Piso con anejos: Se denomina anejo, aquel elemento que no se puede separar de la vivienda porque sirve para su uso, es decir, en este epígrafe se incluyen aquellas viviendas que además del piso, tienen también un garaje o/y un trastero, no destinado a vivienda y utilizable para otros usos, estando así contemplado en la Ley de división   horizontal y constatado en la escritura pública de la vivienda. 

Piso sin anejos: Viviendas que no tienen ningún habitáculo dependiente de ellas. Esta rúbrica incluye también a los pisos, que teniendo anejos, éstos tengan escritura independiente y en el momento de hipotecarlos, hay una parte del préstamo diferenciada e independiente del piso, que corresponde al anejo.

Vivienda adosada: Vivienda unifamiliar unida por los tabiques derecho e izquierdo de su fachada principal a otras viviendas unifamiliares. Puede ser de una o varias plantas, tener o no anejos, estar dentro de una parcela de terreno igual o mayor que el edificio. En esta rúbrica se anotarán también las viviendas pareadas (viviendas construidas de forma que se unen por un muro lateral de dos en dos). Pueden ser de una o varias plantas; tener o no anejos; estar dentro de una parcela de terreno igual o mayor que el edificio.

Vivienda aislada: Viviendas unifamiliares, construidas, de forma aislada, es decir, todos sus muros son independientes. Puede ser de una o varias plantas; tener o no anejos; estar dentro de una parcela de terreno igual o mayor que el edificio.

Los dos años que recogen los datos de ésta estadística se corresponden con 2014 y 2015, surgiendo la misma como una necesidad de disponer de información lo más exacta posible ante el incremento de desahucios (lanzamientos), que se vienen produciendo en nuestro país, desde el año 2008. Aunque el Consejo General del Poder Judicial sigue publicando, de manera también trimestral, datos relativos a ejecuciones hipotecarias y lanzamientos realizados (desahucios), aunque en este caso no se diferencia el tipo de inmueble. Lo que nos permite en estos momentos poder complementar ambas fuentes estadísticas, y marcar una radiografía bastante cercana a la realidad.

Si nos centramos en el caso de Andalucía, considerando las inscripciones realizadas en los registros de la propiedad, se sitúa la comunidad en primer lugar, a bastante diferencia del segundo (Cataluña), como el territorio con un mayor número superando las dieciséis mil, y con una pequeña diferencia a la baja del año 2015 sobre el 2014 del 1,11%, cuando por el contrario la media estatal alcanzó el 14,66%




Con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuanto a la variable de lanzamientos con cumplimiento positivo que define como: aquellos lanzamientos en los que el servicio común ha podido practicar el lanzamiento acordado por el juzgado. En este caso Andalucía llegó durante el año 2015 a los 8.586 lanzamientos, sólo por detrás de la Comunitat Valenciana, y marcando un incremento respecto al año 2014 del 4,17%.

Se podría presagiar que la situación no marca visos de cambio en Andalucía, con registro de certificaciones de ejecuciones hipotecarias en los dos últimos años muy parecidos, siendo este paso el inicio para un posterior lanzamiento-desahucio, el futuro no es muy halagüeño.



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