miércoles, 25 de diciembre de 2024

Ante la necesidad de socializar los avances tecnológicos

Estudios confirman el riesgo de exclusión social en la población que no utiliza las nuevas tecnologías, para García “los incluidos son quienes están conectados; sus otros son los excluidos, quienes ven rotos sus vínculos al quedarse sin trabajo, sin casa, sin conexión” (2006: 73). 

La posibilidad de acceso, así como la capacitación en habilidades digitales, se convierten en la actualidad en una necesidad que vendrán a plantearse como nuevos derechos sociales del conjunto de la ciudadanía, “entre los que tienen y no tienen internet” (Castells, 2003: 311). 

Por lo que corresponde, desde la responsabilidad pública a las administraciones, en sus diferentes niveles, desarrollar cuántas iniciativas sean necesarias a fin de no generar ciudades y espacios territoriales a diferentes velocidades, en lo que al desarrollo tecnológico se refiere, de lo contrario se corre el riesgo de que las ciudades “inteligentes” se conviertan en espacios que vengan a generar si cabe mayores dosis de exclusión y desigualdad social.

Los párrafos anteriores los escribía en el año 2020, como ponencia que fue presentada al Greencities en el 11 Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, celebrado en Málaga. Una ponencia que obtendría una mención en el Premio Carlos Hernández Pezzi a la mejor comunicación científica, junto a mi compañera Natalia del Pino.

https://www.uma.es/fest/noticias/los-investigadores-de-la-facultad-de-estudios-sociales-y-del-trabajo-rafael-arredondo-y-natalia-del-pino-han-obtenido-una-mencion-en-el-premio-carlos-hernandez-pezzi-la-mejor-comunicacion-cientifica/

En la parte introductoria terminaba indicando que:

Desde el Trabajo Social, junto al conjunto de interventores sociales de otras profesiones y disciplinas académicas, se ha de estar atento al conjunto de desarrollos tecnológicos, que, de manera bien directa o indirecta, pueda afectar al bienestar de las personas, a sus capacidades de interacción y sus posibilidades de desarrollo tanto a nivel personal, familiar o comunitario. Actuando si cabe como voz de alerta para que estos avances efectivamente se conviertan en oportunidades para el bien común.

Hoy a casi cinco años después, me reitero en lo escrito en cuanto a la necesidad de que los desarrollos tecnológicos que se están produciendo puedan ser socializados para que a su vez puedan ser utilizados por la gran mayoría de las personas, sobre todo las que incluso más lo pueden necesitar, como el caso de personas mayores que ven no cubierta sus necesidades básicas de la vida diaria.

El abordaje de esta realidad no puede situarse en exclusividad, o de manera más prioritaria, y en muchas de las ocasiones incluso con enfoques de pura difusión mediática, en el atractivo que genera ciertos avances tecnológicos, que obviamente pueden venir a facilitar el día a día. Si a la par no se asegura que estos recursos pueden ser facilitados a la mayoría de la ciudadanía. Ya que de lo contrario no se estaría poniendo la investigación al servicio de la mayoría social necesitada de ellos, sino para aquellos sectores de población que pueden hacer frente a los costes que suponen, o que disponen de los medios necesarios para su implementación.

Pero a la vez habría que estar atento a estas situaciones y no perder de vista su objetivo, mejorar el bienestar social del conjunto de la ciudadanía de una manera real y empírica. Los avances tecnológicos no pueden suponer el olvido o servir incluso de ocultamiento del gran conjunto de recursos y servicios que a día de hoy no son puestos a disposición de esas personas para las que a su vez se está trabajando, bien por falta de recursos económicos, inversión en el incremento de los mismos, o falta de organización y estructura. Obviamente partiendo de la necesidad de que se invierta y se desarrollen cuantos más y mejores medios tecnológicos mejor, pero no haciéndonos trampas en el solitario como se suele decir.

Para finalizar esta entrada, sigo recuperando cuestiones aportadas a la comunicación ya mencionada, en este caso a nivel de conclusiones:

El momento histórico que se está viviendo donde en marcos temporales muy reducidos se han realizado avances que en otros momentos han supuesto siglos, obliga a una reestructuración y a un nuevo paradigma de los diferentes actores sociales, sin dejar nadie atrás. Se está ante una oportunidad en la que los avances tecnológicos puedan suponer la mejora, no de unos pocos, sino de la comunidad en su conjunto. Sin olvidar que no todas las personas parten ni con las mismas capacidades ni con las mismas posibilidades y oportunidades, por lo que habrá que incorporar elementos correctores que vengan a igualar y nivelar las diferencias existentes.

Arredondo, R. y Del Pino, N. (2021). Las ciudades inteligentes que no olvidan a las poblaciones más vulnerables, una oportunidad para el bien común. En Gómez, Mª L. y Romero, O. (Coord.). Greencities, 11º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana: Actas del XI International Greencities Congress (pp. 41-50). Palacio de Ferias y Congreso de Málaga (FYCMA).

sábado, 7 de diciembre de 2024

Ley de Servicios Sociales de Andalucía, 8 años

En unos días se cumplirán 8 años de la aprobación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, la segunda ley aprobada en nuestra comunidad desde la Constitución de 1978. Por recordar, la primera ley data del año 1988, tuvieron que pasar 28 años para que se aprobara esta segunda.

La entrada en vigor de la nueva ley fue un hecho histórico en el ámbito social, y por ende en el del Trabajo Social, no sólo por la necesidad urgente que existía de actualizar y adaptar a una realidad tan cambiante como es todo lo que se puede circunscribir a los aspectos sociales, y que la nueva ley recogía: desde el profesional de referencia (art. 31) a los equipos profesionales (art. 30), a la Carta de Derechos y Deberes (art. 13, 63, Disposición Adicional sexta), aspectos éticos (Capítulo X), los conciertos sociales (art. 103), la Investigación e innovación en Servicios Sociales (Capítulo IX), pero sobre todo un nuevo Catálogo de prestaciones (art. 41), actualizado y acorde a un Sistema de Servicios Sociales que supere lo asistencial y convierta en el eje central de la intervención los derechos sociales.

Fuente: Junta de Andalucía https://www.juntadeandalucia.es/organismos/inclusionsocialjuventudfamiliaseigualdad/areas/inclusion/servicios-comunitarios.html

Un modelo de intervención que la propia ley establece en el denominado como de: “atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención.” (art. 45.1). Con todo un Capítulo V que viene a definir y marcar como debe de ser el “Proceso de intervención”.

La importancia de un nuevo Catálogo de Prestaciones era tal que la ley en su Disposición adicional cuarta establece que:

“El Consejo de Gobierno aprobará el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley”.

Hoy a casi 8 años de entrada en vigor de la ley este Catálogo sigue siendo sólo letra escrita, como se suele decir el papel lo asume todo, sin que se haya hecho efectiva esta Disposición y sin que tan poco exista ningún tipo de consecuencia más allá de las que afecta a las personas que son atendidas en el Sistema Público de Servicios Sociales. Por recordar, el conjunto de la población, tú y yo, no sólo los “pobres”, los “vulnerables”, los “necesitados” … típicas expresiones utilizadas a la hora de definir a este colectivo. Y, además, me molesta como profesional del Trabajo Social, que se nos adjetive como “vocacionales”, desde una visión puramente asistencialista y de un buenismo que lo que transmite son visiones trasnochadoras de otras épocas.

Ayer se celebraba el día de la Constitución 6 de diciembre, 46 años, y aún el Sistema Público de Servicios Sociales sigue sin alcanzar el tratamiento que requiere, sigue siendo la cenicienta del cuento.

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