Cuando un derecho entra en el olvido

Estoy convencido que la gran mayoría de la ciudadanía es conocedora de que el acceso a la vivienda es un derecho, tristemente no de los considerados como fundamentales, sino como principio rector de la "política social y económica" de nuestro país incorporado en el Capítulo Tercero de la constitución. Sin olvidar el conjunto de normativa internacional a la que España se debe al haberlas ratificados, obligada por tanto a su cumplimiento, donde se establece el acceso a la vivienda como derecho.  Valga como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que desde 1948 lo reconoce en su artículo 25:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Pero que ocurre cuando un derecho, al que se deben las administraciones públicas para su cumplimiento, entra en el olvido y en el incumplimiento de una manera continuada a la vez que genera perjuicios en la vida de las personas, como es el caso del acceso a la vivienda, ?¿?¿?¿? Dejo el cuestionamiento para la reflexión y la participación si se quiere.

El problema de acceso a la vivienda viene siendo una constante en nuestro país sin que hasta el momento se hayan activado acciones de gran calado que venga a solucionarlo, sobre todo de cara a futuro. Las medidas han sido tímidas sin entrar a fondo en un cambio de paradigma, donde la vivienda deje de ser un bien económico y recupere su sentido como bien de necesidad básica. Y aunque recientemente se ha aprobado la primera ley de vivienda a nivel estatal, habrá que dar tiempo y ver como se desarrolla, aunque ya ha habido administraciones a nivel autonómico y local que han mostrado su poca o nula aceptación de la misma, reafirmando el olvido de este derecho al que se deben.

Fuente: Elaboración propia a partir Junta de Andalucía

Por dar un dato y ver la magnitud del problema, en Andalucía en los últimos cinco años (2018 a 2023) las solicitudes de personas demandantes de una vivienda pública se han incrementando en un 50,07%, que en valores absolutos supone más de cien mil nuevas solicitudes (107.683). Mientras tanto el número de vivienda protegida que ha obtenido la calificación definitiva en el mismo período ha sido de tan sólo 87 viviendas (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), lo que viene a representar el 0,08% de las nuevas solicitudes. La muestra constata por un lado la necesidad de la ciudadanía de una vivienda, como el olvido por parte de la administración en cumplir este derecho que viene a cubrir una necesidad básica.

Habrá que seguir recordando y recordando este derecho, y otros, aunque no guste...