Los problemas requieren soluciones

Esta semana saltaba la noticia: “habrá una ley de vivienda”, una ley que se marca como histórica ya que será la primera desde que quedara recogido el derecho a la vivienda en la actual constitución de 1978, o sea, iba siendo hora…

La dificultad de acceso a la vivienda se situaba como principal problema para la población española en septiembre del año 2007, con el 37,3% (CIS), por delante de otros que hasta ese momento habían encabezado las estadísticas de esta consulta periódica, como el terrorismo (ETA) con un 35,4% y el paro con un 35%. Resulta paradójico que los años en los que mayor número de vivienda se construía en España (seis millones entre los años 1997 y 2008), coincidan con los de mayor preocupación ciudadana ante ello.

Y aunque la preocupación según el CIS haya disminuido la realidad de la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada está ahí, de la que son testigos privilegiados aquellas personas, sobre todo jóvenes, que inician su proceso vital y que ven como el muro de disponer de una vivienda se lo impide.

En el centro de toda esta realidad se encuentra el concepto que de la vivienda se ha tenido por parte del Estado y de las diferentes administraciones desde sus correspondientes competencias, no sólo en el período democrático actual, sino desde mediados de los años 50 del siglo pasado. Aun cuando la Constitución Española (1978) reconoce el derecho a la vivienda, nos encontramos ante un derecho no desarrollado y sujeto a la propiedad y al sector de la construcción para dinamizar la economía (Pareja y Sánchez, 2012). Sin un parque público suficiente, que ha provocado que el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada se aleje del concepto de derecho social, sobre todo para aquellas personas más vulnerables y con menor capacidad económica. Así por ejemplo en los últimos 20 años de los 6,5 millones de vivienda construida el 87,62% ha correspondido a vivienda libre y un 12,38% a vivienda de protección.

La mercantilización progresiva de la vivienda y su valor se ha venido anteponiendo ante cualquier otra cuestión (Cortés, Antón, Martínez y Navarrete, 2008), centrando principalmente su relación con el urbanismo y la economía, y no con el concepto de derecho humano que se le reconoce.

Por todo ello resulta sumamente preocupante que tras el anuncio de esta ley asumiendo el problema existente y por tanto la necesidad de comenzar a atajarlo, hayan saltado voces indicando que “no van a hacer nada” y que la mejor solución es el mercado. Al parecer la experiencia de la burbuja inmobiliaria estallada en 2008 no fue suficiente y nuevamente se pretende tropezar con la misma piedra. España no tiene un problema de vivienda ya que dispone de 25,8 millones para un total de 18,8 millones de hogares, no es que pretenda que se reparta una vivienda por hogar, pero si que el problema lo tenemos en la desigualdad que se genera ante la imposibilidad de acceder a una vivienda y por tanto la necesidad de actuar para que esta realidad vaya mudando. Donde urgen acciones sobre el resto de las variables que intervienen para su acceso, siendo clave el disponer de un empleo estable con salarios dignos y suficientes, desde la consideración de la vivienda como un hogar y no un bien especulativo y financiero.

(También lo tienes disponible en formato podcast a través del siguiente enlace https://www.ivoox.com/problemas-requieren-soluciones-audios-mp3_rf_78762163_1.html)