Partiendo de esta definición puedo afirmar que el Sistema de Servicios Sociales en España es un sistema PRECARIO. Pero como alguien podría pensar que soy muy alarmista o simplemente que no llevo razón, esta reflexión la voy a soportar en elementos empíricos difícilmente de rebatir a no ser que las memorias del Plan Concertado de Servicios Sociales publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no sean cierta.

Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el reciente programa, definámoslo así, que se ha renovado el pasado catorce de enero para que los ayuntamientos de más de veinte mil habitantes y las diputaciones, puedan seguir contratando lo que se denominó en el año 2006 refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios de cara a la implantación de la ley de dependencia, situación que afecta a doscientos sesenta y ocho trabajadores sociales en toda Andalucía.
Pero podríamos pensar que esto es así porque las personas atendidas o el trabajo realizado no es suficiente, vayamos nuevamente a los datos. En el año 2006 se atendieron en los Centros de Servicios Sociales a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, en toda España, a 4.674.430 personas, en el año 2011 se atendieron a 6.874.352 personas, un incremento de más de dos millones doscientas mil personas atendidas, un 47%
Realmente se hace necesario dotar al Sistema de Servicios Sociales, no sólo de recursos materiales y económicos suficientes, sino de recursos humanos que de manera estable y continuada desarrollen su labor de interventores sociales en sus diferentes funciones. Mientras tanto estaremos a expensas de “la voluntad del dueño”, recordando la definición de precariedad, en este caso entendamos dueño como el equipo de Gobierno que se sitúa en cada administración en donde su implicación mayor o menor en el Sistema de Servicios Sociales sigue estando bajo la deriva de motivaciones personales, en muchos de los casos asistencialistas, más que desde el concepto de derecho de ciudadanía.
Por ello desde estas líneas se hace obligatorio hacer un llamamiento a la propuesta lanzada por el Consejo General de Colegios Profesionales de Trabajo Social, acordada en el último Congreso celebrado en Málaga, para que se realice una modificación constitucional en donde se incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar.
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