Cinco años después de su entrada en vigor, el desarrollo dela Ley de Dependencia retrocede seriamente. A la decisión del gobierno de Rajoy de paralizar este año su aplicación se unen los recortes en las ayudas que están imponiendo las comunidades. Nueve comunidades atienden hoy a doce mil dependientes menos que hace diez meses cuando se produjo el vuelco electoral en España: Aragón (-5.637), Castilla La Mancha (-1994), Navarra (-1.162), Asturias (-1.079), Comunidad Valenciana (-934), La Rioja (-325), Extremadura (-249), Baleares (-200) y Cantabria (-180).
"Estas comunidades no mantienen la tasa de reposición y cuando fallece un dependiente que recibe una prestación, esa ayuda se suprime y no se le otorga a otro dependiente" asegura José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ramírez destaca sin embargo que la variación ha sido durante estos meses positiva en cuatro comunidades que han incorporado nuevos beneficiarios: Castilla y León (8.528), Andalucía (6.797), Madrid (6.627) y País Vasco (2.947).
El presidente del colectivo alerta de que el limbo de la dependencia se vuelve a hacer crónico con cerca de 300 mil personas que están a la espera de recibir una prestación a pesar de tener el derecho reconocido. Ramírez asegura que el decreto del gobierno de establecer una moratoria en la aplicación de la ley deja fuera a 59 mil dependientes moderados y añade que el ahorro que supondrá esta medida es solo de 80 millones de euros.
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