miércoles, 23 de julio de 2014

¿Qué es eso del Plan Concertado?

Últimamente y sobre todo desde que se anunció la reforma de la administración local en lo que a competencias se refiere, con la posterior aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El Plan Concertado ha saltado a la palestra, y me parece fundamental por su trascendencia que lo traiga a esta colaboración, cuando llegamos a sus veintiséis años de existencia.

El 18 de junio de 1988, se publicaba el Convenio-Programa entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Sociales en las Corporaciones Locales. Tal y como se indicaba en dicho convenio la finalidad no era otra que “lograr la colaboración entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía para financiar conjuntamente una red de atención de servicios sociales municipales que permita garantizar unas prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad.” Recogiendo en su apartado segundo lo que se considerarían como prestaciones básicas de los 
Servicios Sociales:

a)      información y orientación
b)      ayuda a domicilio
c)       prevención e inserción
d)      y alojamiento y convivencia

Este conjunto de prestaciones básicas es lo que configura el Plan Concertado de Servicios Sociales.
Lo que hoy nos puede parecer algo “normal”, e incorporado a la vida cotidiana de cualquier ciudadano que tenga una necesidad, supuso un salto cualitativo-cuantitativo y sobre todo en el campo de los derechos sociales, ya que venía a modificar la acción social en España. Se empiezan, pues, a configurar los servicios sociales como un sistema público y organizado de protección social, superador de las tradicionales formas de intervención social, del todo paliativas y no recuperadoras, marginadoras y no integradoras, que aspira a la universalización de los servicios y prestaciones sociales en el marco de un Estado de Bienestar. (Muñoz, A. 2012).

Como decía, hoy 26 años después, no es muy arriesgado decir que este Plan Concertado en cuanto a su financiación tiene los días contados. Sin que se haya planificado una fórmula alternativa y real para hacerlo viable, donde hacer viable el Plan Concertado es hacer viable el Sistema Público de Servicios Sociales, ya que configura la columna vertebral del mismo.

El convenio firmado en 1988 entre el Ministerio y la Comunidad, viene asegurar un compromiso institucional de ambas administraciones para su financiación, pero como podemos ver por la gráfica y el cuadro que recoge la distribución de la financiación para la provincia de Málaga, ha bastado que llegara la actual crisis para que el Sistema de Servicios Sociales fuera de los más perjudicados en cuanto a los recortes producidos. Con un recorte del 47% del año 2010 al año 2013.


Ministerio
Junta Andalucía
Total
Año  2008
  2.769.684,16  
  7.992.916,46  
   10.762.600,62  
Año  2009
  2.801.255,56  
  8.250.016,71  
   11.051.272,27  
Año  2010
  2.801.255,56  
  8.299.516,81  
   11.100.772,37  
Año  2011
  2.522.779,76  
  8.445.439,83  
   10.968.219,59  
Año  2012
  1.374.412,15  
  8.445.439,83  
     9.819.851,98  
Año  2013
     799.536,97  
  6.766.659,45  
     7.566.196,42  

(Fuente: BOJA publicación distribución de créditos, provincia de Málaga, año 2008 a 2013)

Con esta realidad a nadie debiera de extrañar que una de las noticias estrella del verano este siendo que existan comedores para que los menores malagueños, puedan tener resuelta una necesidad tan básica como es la alimentación.


Con un Plan Concertado herido de muerte, debido a la falta de financiación, y con medidas parciales que se están publicando de inclusión y empleo, con falta de coordinación no sólo entre ellas sino también entre las diferentes administraciones que la tienen que poner en marcha, tenemos que seguir insistiendo y exigiendo en la necesidad de fortalecer el Sistema Público de Servicios Sociales, como garante desde hace veintiséis años de la universalización de servicios y prestaciones para cualquier persona.

(Publicado en Revista El Observador)

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