Últimamente y sobre todo desde
que se anunció la reforma de la administración local en lo que a competencias
se refiere, con la posterior aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El Plan
Concertado ha saltado a la palestra, y me parece fundamental por su
trascendencia que lo traiga a esta colaboración, cuando llegamos a sus
veintiséis años de existencia.
El 18 de junio de 1988, se
publicaba el Convenio-Programa entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo
de prestaciones básicas de Servicios Sociales en las Corporaciones Locales. Tal
y como se indicaba en dicho convenio la finalidad no era otra que “lograr la colaboración entre la
Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
financiar conjuntamente una red de atención de servicios sociales municipales
que permita garantizar unas prestaciones básicas a los ciudadanos en situación
de necesidad.” Recogiendo en su apartado segundo lo que se considerarían
como prestaciones básicas de los
Servicios Sociales:
a)
información y orientación
b)
ayuda a domicilio
c)
prevención e inserción
d)
y alojamiento y convivencia
Este conjunto de prestaciones
básicas es lo que configura el Plan Concertado de Servicios Sociales.
Lo que hoy nos puede parecer algo
“normal”, e incorporado a la vida cotidiana de cualquier ciudadano que tenga
una necesidad, supuso un salto cualitativo-cuantitativo y sobre todo en el
campo de los derechos sociales, ya que venía a modificar la acción social en
España. Se empiezan, pues, a configurar
los servicios sociales como un sistema público y organizado de protección
social, superador de las tradicionales formas de intervención social, del todo
paliativas y no recuperadoras, marginadoras y no integradoras, que aspira a la
universalización de los servicios y prestaciones sociales en el marco de un
Estado de Bienestar. (Muñoz, A. 2012).
Como decía, hoy 26 años después,
no es muy arriesgado decir que este Plan Concertado en cuanto a su financiación
tiene los días contados. Sin que se haya planificado una fórmula alternativa y
real para hacerlo viable, donde hacer viable el Plan Concertado es hacer viable
el Sistema Público de Servicios Sociales, ya que configura la columna vertebral
del mismo.
El convenio firmado en 1988 entre
el Ministerio y la Comunidad, viene asegurar un compromiso institucional de
ambas administraciones para su financiación, pero como podemos ver por la
gráfica y el cuadro que recoge la distribución de la financiación para la
provincia de Málaga, ha bastado que llegara la actual crisis para que el Sistema
de Servicios Sociales fuera de los más perjudicados en cuanto a los recortes
producidos. Con un recorte del 47% del año 2010 al año 2013.
Ministerio
|
Junta Andalucía
|
Total
|
|
Año 2008
|
2.769.684,16
|
7.992.916,46
|
10.762.600,62
|
Año 2009
|
2.801.255,56
|
8.250.016,71
|
11.051.272,27
|
Año 2010
|
2.801.255,56
|
8.299.516,81
|
11.100.772,37
|
Año 2011
|
2.522.779,76
|
8.445.439,83
|
10.968.219,59
|
Año 2012
|
1.374.412,15
|
8.445.439,83
|
9.819.851,98
|
Año 2013
|
799.536,97
|
6.766.659,45
|
7.566.196,42
|
(Fuente: BOJA publicación distribución
de créditos, provincia de Málaga, año 2008 a 2013)
Con esta realidad a nadie debiera
de extrañar que una de las noticias estrella del verano este siendo que existan
comedores para que los menores malagueños, puedan tener resuelta una necesidad
tan básica como es la alimentación.
Con un Plan Concertado herido de
muerte, debido a la falta de financiación, y con medidas parciales que se están
publicando de inclusión y empleo, con falta de coordinación no sólo entre ellas
sino también entre las diferentes administraciones que la tienen que poner en
marcha, tenemos que seguir insistiendo y exigiendo en la necesidad de
fortalecer el Sistema Público de Servicios Sociales, como garante desde hace
veintiséis años de la universalización de servicios y prestaciones para
cualquier persona.
(Publicado en Revista El Observador)