jueves, 22 de agosto de 2013

«Ante la paralización de la Ley de Dependencia, las familias vuelven a quedarse sin nada»

Con este titular el diario Sur de Málaga publica una entrevista realizada días atrás, sobre la situación que estamos viviendo en los Servicios Sociales.

"Rafael Arredondo afronta su quinto año al frente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Málaga. Una labor que en la que compagina actualmente la organización del XII Congreso Estatal, que se celebrará en noviembre en Marbella, y la denuncia constante de las dificultades que están viviendo los profesionales debido a los recortes a pesar de que los servicios sociales tienen cada vez mayor demanda por parte de las familias afectadas por la crisis.

-Paralización de la Ley de Dependencia, cambios con la reforma local, saturación de los servicios sociales comunitarios. Ha sido un curso convulso para los trabajadores sociales. ¿En qué situación se encuentra el colectivo en Málaga?
-El colectivo está preocupado por la situación de incertidumbre y presionado por la falta de recursos y la imposibilidad de poner en marcha nuevos proyectos precisamente cuando más se necesitan. La financiación que se recibe por parte del Estado y de la Junta de Andalucía para el Plan Concertado, que es la columna vertebral de los servicios sociales comunitarios, ha disminuido en un 32% desde 2008, es decir, que la inversión en este campo se limita a unos paupérrimos 4,60 euros por malagueño. Algo que se suma a la caída presupuestaria por parte de los ayuntamientos. A pesar de ello, en la provincia el sistema público de servicios sociales atiende a 135.869 personas.
-¿Qué consecuencias puede tener la reforma local en los servicios sociales en la provincia?
-Las consecuencias pueden ser muy duras para los profesionales y para la ciudadanía. Se trata de un cambio total de modelo, pasamos de un sistema donde los Ayuntamientos tienen potestad para desarrollar los servicios sociales a otro que elimina de un plumazo estas competencias. El Gobierno central le pasa la patata caliente a las Comunidades, que tendrán que asumir estos programas sin aumentar el gasto. Esto significará la reducción de programas, la eliminación de personal, y por supuesto la imposibilidad de atender al millón de personas que se atiende en Andalucía."  
Diario Sur. Amanda Salazar (Málaga)

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